Dos denuncias penales fueron presentadas este lunes contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el comisario inspector Gustavo Antonio Gauna, quien fue identificado como el policía de civil que disparó durante una manifestación contra la ley de tierras frente al Congreso.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el comisario inspector de la Policía Federal Argentina, Gustavo Antonio Gauna, fueron denunciados penalmente por la diputada nacional Marcela Pagano y el abogado penalista Gregorio Dalbon. Las presentaciones fueron realizadas este lunes y quedaron radicadas en el juzgado de la jueza María Servini, en Comodoro Py.
Las denuncias se originan a partir de la difusión de imágenes que muestran a un hombre vestido de civil, sin identificación policial visible, disparando contra manifestantes durante una protesta contra la ley de tierras. Posteriormente, se identificó a esa persona como el comisario inspector Gustavo Antonio Gauna.
En su presentación, Pagano solicitó que se investigue a los denunciados por los delitos de abuso de armas, lesiones, severidades y vejaciones cometidas por funcionario público, coacciones agravadas por el empleo de armas, turbación de una reunión lícita, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Por su parte, Dalbon pidió que se investiguen posibles delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, vejaciones y/o apremios ilegales. Su denuncia hace hincapié en determinar si la participación de personal armado vestido de civil fue autorizada por autoridades superiores.
En la denuncia de Dalbon se señala: «Las imágenes difundidas durante y después de los acontecimientos permiten observar a un funcionario que, sin vestir uniforme ni exhibir una identificación policial visible, se encuentra armado y participa activamente de la intervención desarrollada contra los manifestantes».
El texto agrega: «No se trata de la mera presencia circunstancial de un agente de civil en las inmediaciones de una manifestación. Lo que surge de los registros difundidos es la participación activa de un funcionario policial armado, sin uniforme visible, en una intervención de naturaleza coercitiva desarrollada contra personas que se encontraban en el espacio público ejerciendo su derecho a manifestarse».
Asimismo, la denuncia sostiene: «La eventual utilización efectiva de un arma por un funcionario que actuaba vestido de civil exige determinar en qué circunstancias concretas se produjeron los disparos y si se encontraba comprendido en alguna de las excepciones previstas». Y añade: «La gravedad del episodio aumenta si se considera que el funcionario no se encontraba aislado de la escena, sino integrado al dispositivo policial que avanzaba sobre los manifestantes».
Finalmente, se plantea: «Si un Comisario Inspector de la PFA se encontraba armado, vestido de civil y efectuando disparos en el marco de un operativo de seguridad desplegado frente al Congreso, corresponde determinar si dicha modalidad formaba parte del dispositivo previamente planificado y autorizado por los niveles superiores de la fuerza y por las autoridades políticas responsables de su conducción, o si, por el contrario, se trató de una conducta individual que excedió las órdenes recibidas».