La Sala I de la Cámara Federal define este lunes si mantiene como querellantes a cinco inversores afectados por la criptomoneda $LIBRA, quienes presentaron un escrito en el que califican la operación como una estafa.
La Sala I de la Cámara Federal tiene prevista para este lunes una audiencia para que los afectados por la criptomoneda $LIBRA amplíen sus fundamentos sobre los motivos para continuar siendo querellantes en la causa. El inversor Martín Romeo, en un escrito presentado ante el tribunal, sostuvo que la operación realizada el 14 de febrero de 2025, impulsada por un tuit del presidente Javier Milei, constituyó una “estafa monumental”.
A principios de julio, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi excluyó a Romeo y a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris y Braian Emanuel Quintero de su condición de querellantes, a pedido del trader Mauricio Novelli. Romeo es representado por el abogado Nicolás Oszust, mientras que el resto del grupo cuenta con el patrocinio de un equipo liderado por el diputado Juan Grabois. Sin la querella, la causa queda impulsada únicamente por la fiscalía, a cargo de Eduardo Taiano, que aún no ha solicitado indagatorias.
Según Romeo, la causa $LIBRA cuenta con 84.000 damnificados, de los cuales 1.300 son argentinos. El inversor señaló que el perjuicio asciende a unos 286 millones de dólares. Esta semana se conoció que un grupo de treinta inversores de distintas nacionalidades presentará una demanda civil por daños y perjuicios contra los acusados en la causa penal, entre ellos el presidente Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el trader Mauricio Novelli y el ex asesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales.
El año pasado se realizó una mediación que no llegó a ningún resultado. La acción civil busca demostrar un “interés legítimo”, dado que el juez Martínez de Giorgi indicó que no está claro que los afectados fueran víctimas de una estafa.
Argumentos de la apelación
En el escrito de apelación, Romeo sostuvo que “exigirle a una víctima de estafa que demuestre el origen de sus fondos para permitirle querellar es una aberración procesal que invierte la carga de la prueba y victimiza doblemente al damnificado”. También afirmó: “En lugar de investigar a la asociación ilícita que sustrajo 44.5 millones de dólares, el Juzgado pone bajo la lupa a la víctima, erigiéndose indebidamente en una agencia de recaudación fiscal”.
El inversor agregó que, de consolidarse el criterio restrictivo, “se estaría consagrando la impunidad absoluta para los ciberdelitos y fraudes con criptoactivos en la República Argentina”, y que se aniquilaría la garantía constitucional de acceso a la justicia.
Romeo también apuntó contra el juez, a quien acusó de “confundir deliberadamente el riesgo orgánico de una inversión con un plan criminal milimétricamente orquestado”. Según su relato, la cripto $LIBRA no fue “solo una memecoin con riesgo” ni su desplome dependió de las “condiciones del mercado”.
En el escrito se describe que “el ardid idóneo consistió en la construcción sostenida de una ‘calidad simulada’ y una ‘apariencia de empresa’ a escala estatal”, con la participación de la Comisión Nacional de Valores a través de Sergio Morales y la utilización de la figura del presidente como garante de confianza, lo que denominó “lavado de prestigio”.
Romeo afirmó que el colapso de $LIBRA no fue volatilidad del mercado, sino un “Rug Pull” pre-programado. Precisó que “exactamente 22 segundos antes de que se publicara el tuit presidencial, 74 billeteras operadas por bots de los imputados ejecutaron compras masivas utilizando información privilegiada”, y que la extracción posterior de 44.5 millones de dólares fue “el agotamiento del iter criminis de una estafa monumental”.
La querella sostuvo que el juez ignoró “el engaño estructural y la asunción dolosa de una calidad simulada que vició la voluntad de los ahorristas” y cuestionó la exigencia de verificar el origen de los activos como requisito para habilitar el rol de querellante.
La Sala I de la Cámara Federal, integrada por Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, debe definir si reincorpora a los cinco damnificados en su condición de querellantes. Esta semana también está prevista una audiencia de la comisión de Acuerdos del Senado en la que están citados Pablo Yadarola y Bertuzzi. Ambos concursaron y quedaron primeros en la terna para las vacantes de dicho tribunal: Yadarola reemplazará a Bruglia y Bertuzzi continuará en su cargo, ahora por concurso.