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El diputado provincial Francisco Monti (LLA) reclamó que las operaciones de venta de áreas mineras de CAMYEN se realicen mediante licitación pública, al cuestionar el proyecto que propone transformar la empresa estatal en una Sociedad Anónima Unipersonal.
El diputado provincial de La Libertad Avanza, Francisco Monti, reclamó que las operaciones de venta de áreas mineras de CAMYEN se realicen mediante licitación pública. El planteo se da en el marco del proyecto que propone transformar la empresa estatal en una Sociedad Anónima Unipersonal (SAU).
Monti cuestionó que la iniciativa deje las decisiones sobre la disposición de las propiedades mineras en manos del Directorio, sin establecer un mecanismo obligatorio de competencia entre oferentes. Aclaró que su planteo no apunta a impedir la transformación de CAMYEN ni a quitarle la posibilidad de vender áreas mineras, sino a definir las condiciones bajo las cuales podrían realizarse esas operaciones.
“Sin inversión no hay desarrollo minero, y sin desarrollo no hay trabajo para los catamarqueños”, sostuvo. Advirtió que la venta del patrimonio provincial debe realizarse con mecanismos que permitan determinar cuál es la mejor oferta.
El proyecto y su tratamiento
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que cuenta con media sanción del Senado, establece que la nueva CAMYEN S.A.U. podrá adquirir, administrar, ceder, transferir, gravar y disponer total o parcialmente de propiedades mineras, permisos de exploración o cateo y demás derechos mineros. El artículo 6 dispone que esas operaciones podrán realizarse cuando resulten beneficiosas y fija criterios que el Directorio deberá evaluar antes de tomar una decisión.
El artículo 7 establece que las decisiones sobre la disposición de esos bienes serán determinadas por el Directorio. La contraprestación podrá consistir en un precio cierto, regalías sobre la producción, participación en las ganancias netas, pagos por hitos, participaciones societarias conjuntas o una combinación de esas alternativas. En caso de una transferencia onerosa, un porcentaje de los fondos obtenidos deberá destinarse al Fideicomiso de Regalías Mineras de la Provincia.
El reclamo por las ventas
Para Monti, el punto central es que el proyecto no establece una licitación o compulsa pública para determinar quién puede acceder a las propiedades mineras y bajo qué condiciones. “El Gobierno presenta esto como una ley de transparencia, y eso es falso. No es una ley de transparencia: es la confirmación de una dinámica de opacidad en las transacciones mineras”, afirmó.
El legislador sostuvo que una operación sin confrontación de ofertas impide conocer si el Estado obtuvo el mejor precio o las condiciones más convenientes. “Una venta sin licitación es una venta sin control: nadie puede saber si el precio fue el justo o si del otro lado del mostrador había un amigo”, señaló.
CAMYEN posee una cartera de aproximadamente 455 propiedades mineras distribuidas en la provincia, vinculadas a recursos como cobre, oro, litio y otros minerales de interés económico y geológico. Más de 300 cuentan con resolución de concesión, mientras que las restantes se encuentran en avanzado estado de tramitación.
Fundamentos del Ejecutivo
Los fundamentos del Ejecutivo sostienen que la facultad de disponer de esas propiedades permitirá equiparar a CAMYEN con otras empresas mineras estatales del país y ampliar sus herramientas para atraer inversiones. Monti también puso el foco en el régimen de preferencia que tiene CAMYEN para adquirir propiedades mineras cuando determinadas áreas quedan vacantes. En ese contexto, consideró que el patrimonio que administra la empresa requiere mecanismos adicionales de control al momento de ser transferido a terceros.
Transparencia y control
El artículo 10 obliga a CAMYEN a mantener publicado en su sitio web institucional o en el portal de datos abiertos de la Provincia el inventario de propiedades mineras bajo su titularidad o administración, el registro de contratos de cesión, transferencia o asociación vigentes y los estados contables aprobados por la Asamblea.
Monti cuestionó que la publicación de los contratos contemple excepciones para información alcanzada por obligaciones de confidencialidad contractual o secreto empresarial debidamente justificado. “Prometen publicar todo, pero dejan una puerta abierta: la cláusula de confidencialidad. Y por esa puerta se escapa lo único que importa: cuánto, a quién y por cuánto”, afirmó.
El proyecto también establece que la nueva sociedad quedará regida por la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y que la Provincia conservará la totalidad del capital social. A su vez, dispone que no le serán aplicables las disposiciones de la Ley provincial Nº 4938 ni, en general, las normas o principios de derecho público provincial. La fiscalización externa continuará a cargo del Tribunal de Cuentas dentro de sus competencias constitucionales y legales.
La discusión sobre los controles ya había quedado planteada durante el tratamiento legislativo. Los bloques GENERAR, La Libertad Avanza, MID y PRO presentaron un dictamen de minoría en el que propusieron, entre otros cambios, procedimientos competitivos para la transferencia de derechos mineros, publicación de contratos, inversiones, estados contables e informes ambientales y comunitarios.
El proyecto tiene media sanción del Senado y cuenta con dictamen de la Comisión de Minería de Diputados. El presidente de esa comisión, Damián Brizuela, había anticipado que la iniciativa sería tratada durante esta semana, mientras continúan las conversaciones entre los distintos bloques sobre las modificaciones planteadas.
Monti insistió en que el objetivo de su planteo es incorporar una regla concreta para las operaciones: que las áreas mineras puedan venderse, pero mediante un procedimiento que permita comparar ofertas. “Que se venda, sí. A escondidas, no”, sostuvo.