La Dra. María Fernanda Rosales Andreotti, presidenta de la Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca, criticó el uso «liviano» de los pedidos de intervención federal y defendió la independencia judicial.
La Dra. María Fernanda Rosales Andreotti, ministra de la Corte de Justicia de Catamarca y presidenta de la Sala Penal del Máximo Tribunal provincial, expresó en una entrevista con este medio su postura respecto a los pedidos de intervención federal a los poderes provinciales, en particular al Poder Judicial. La magistrada calificó de «liviano» el uso de este recurso y sostuvo que solo debería aplicarse ante «causales de extrema gravedad institucional debidamente acreditadas».
Rosales Andreotti afirmó que ciertos discursos, bajo la apariencia de preocupación institucional, «erosionan los cimientos mismos del Estado de Derecho». En ese sentido, señaló que sugerir que la Justicia necesita ser «empujada», «garantizada» o conducida por el poder político coloca a la ciudadanía en una situación de vulnerabilidad frente al avance de otros poderes.
La ministra sostuvo que la independencia judicial «no es negociable ni admite tutelas encubiertas» y que cualquier presión sobre la Justicia, sin importar su origen, es incompatible con una democracia constitucional. También consideró que transformar los debates y tensiones propios de una investigación en argumentos para deslegitimar el sistema judicial resulta «particularmente grave», ya que el proceso penal es un ámbito de contradicción y no un relato lineal.
En su exposición, Rosales Andreotti cuestionó la invocación del Poder Ejecutivo nacional para intervenir en asuntos judiciales provinciales, al considerar que desconoce el diseño federal argentino. «No es un detalle técnico; es una regla básica de organización del poder», afirmó, y agregó que cuando se desdibuja esa frontera queda expuesta una «peligrosa vocación de injerencia política».
La magistrada también se refirió a expresiones como «clima de miedo» y señaló que, cuando se generalizan sin sustento concreto, carecen de rigor y contribuyen a deteriorar la confianza pública. «Instalar miedo sin evidencia es, en sí mismo, un acto de irresponsabilidad institucional», declaró.
Finalmente, Rosales Andreotti concluyó que la democracia se consolida cuando cada poder cumple su rol sin interferencias y que promover la idea de que la Justicia necesita conducción política avala un modelo incompatible con la Constitución. «Defender la República exige rechazar con firmeza estos discursos, incluso cuando se presentan bajo formas moderadas», expresó.