Un informe basado en datos oficiales señala que los trabajadores que pierden un empleo privado registrado y pasan al cuentapropismo ven reducidos sus ingresos reales en un 28%.
Un estudio elaborado por C-P, con base en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y la Secretaría de Trabajo, indica que los trabajadores que pierden un empleo formal privado y pasan a ser cuentapropistas registran una caída del 28% en su poder adquisitivo. Quienes logran insertarse en un empleo informal pierden, en promedio, un 14% de sus ingresos reales, mientras que aquellos que ingresan al sector público resignan un 5% de su salario real.
Según el informe, la informalidad se convirtió en el principal refugio ante la destrucción de empleo registrado, lo que permitió contener el crecimiento de la desocupación aunque a costa de una mayor precarización. Entre los trabajadores que dejaron un empleo privado registrado, el 47% pasó a un empleo asalariado no registrado, el 27% comenzó a trabajar como cuentapropista y solo el 26% consiguió trabajo en el sector público.
Durante el período analizado, se perdieron 235.419 puestos de trabajo registrados, mientras que la tasa de desempleo pasó del 6,9% en el primer trimestre de 2023 al 7,8% en el mismo período de 2026.
El estudio señala que los únicos trabajadores que lograron sostener e incluso mejorar su poder adquisitivo fueron aquellos que conservaron o consiguieron otro empleo formal dentro del sector privado, que mejoraron sus ingresos reales en un 2%. En contraste, el informe cuestiona la idea de que el cuentapropismo representa una mejora económica, ya que en la mayoría de los casos funciona como una alternativa de supervivencia. La informalidad ya alcanza al 44,2% de los ocupados, uno de los niveles más altos de los últimos años.
El análisis de C-P advierte además que la flexibilización laboral y la reducción de costos de despido tienen un impacto limitado sobre la generación de empleo formal y favorecen una mayor rotación laboral. En un escenario de baja actividad y capacidad ociosa, estos cambios aceleran la destrucción del empleo registrado. El informe concluye que la pérdida de un empleo formal no solo implica quedar sin trabajo por un tiempo, sino también regresar al mercado laboral en peores condiciones, con ingresos considerablemente menores y sin derechos básicos como aportes jubilatorios, vacaciones pagas y cobertura social.