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El bloque opositor Generar presentó nuevamente un proyecto de ley para establecer por norma la Tarifa de Interés Social (TIS) en Catamarca, con el objetivo de garantizar el acceso a la energía eléctrica para sectores vulnerables.
El diputado provincial Tiago Puente, presidente del bloque GENERAR, presentó nuevamente un proyecto de ley que busca garantizar por norma la Tarifa de Interés Social (TIS), transformándola en un derecho permanente y no en un beneficio sujeto a decisiones administrativas del Poder Ejecutivo.
La iniciativa, presentada originalmente en 2024 por los legisladores del espacio opositor, propone crear por ley la TIS para «asegurar el acceso a la energía eléctrica de los sectores más vulnerables y brindar previsibilidad a miles de hogares que hoy viven con incertidumbre frente a los constantes incrementos en las facturas».
Entre los principales puntos del proyecto se establece un subsidio del 100% para los primeros 400 kWh mensuales de consumo, duplicando el beneficio actualmente vigente, y manteniendo la cobertura para usuarios que no superen los 1.000 kWh mensuales. Además, fija criterios objetivos para acceder al régimen y establece mecanismos de control y actualización del padrón de beneficiarios.
Desde Generar, que también integran Natalia Herrera y Mamerto Acuña, señalaron que «la energía eléctrica es un servicio esencial y el acceso a ella no puede depender de la discrecionalidad de un gobierno de turno. Los beneficios destinados a proteger a quienes más lo necesitan deben convertirse en políticas públicas permanentes».
Asimismo, consideraron que la situación económica actual hace «más necesario que nunca avanzar con medidas concretas que alivien el bolsillo de los catamarqueños». «Mientras cada aumento de la tarifa golpea a trabajadores, jubilados y familias de ingresos medios y bajos, la Legislatura tiene la oportunidad de debatir una herramienta que otorgue estabilidad, previsibilidad y justicia social», opinaron.
El proyecto también dispone que la Tarifa de Interés Social tenga «carácter de orden público en toda la provincia» y que sea el Estado provincial quien garantice su implementación y fiscalización, consolidando un esquema de protección para los usuarios residenciales que cumplen con los requisitos establecidos por la ley. «Hoy más que nunca es momento de discutir soluciones de fondo. La energía no puede ser un privilegio; debe ser un derecho garantizado para quienes más la necesitan», concluyeron.