La Dirección Nacional del INTA alertó que los retiros voluntarios provocaron la pérdida de capacidades científicas y técnicas, poniendo en riesgo investigaciones y servicios estratégicos para el sector agropecuario.
La Dirección Nacional del INTA elaboró un informe interno de 22 páginas en el que señala que los retiros voluntarios aplicados durante los últimos dos años y medio provocaron la pérdida de capacidades científicas y técnicas, afectando investigaciones y servicios estratégicos para el sector agropecuario.
Según el documento, un total de 889 agentes se acogieron al régimen de retiro voluntario, lo que representa el 18% de la planta de personal. De ellos, la mitad son profesionales y, a su vez, la mitad de esos profesionales (233 agentes) poseen estudios de posgrado, en su mayoría financiados con recursos públicos.
El informe indica que la reducción de personal estuvo acompañada por una caída del 54% del crédito anual (2023-2026) y del 41% de la ejecución presupuestaria (2023-2025). En total, en dos años y medio se perdió el 30% de la plantilla, equivalente a aproximadamente 1.800 agentes.
En materia de investigación y desarrollo, el retiro voluntario impactó sobre un 23% de las actividades en los territorios y puso en riesgo otro 29%. La mayor afectación recae en las líneas de innovación (42% del total), involucrando a 29 cadenas y economías regionales en 202 unidades.
El informe advierte que no se puede cumplir con 93 convenios y servicios de gestión de calidad, principalmente con empresas privadas como Crucianelli, LEAF y Don Mario. También se señala que se perdió el nexo técnico ante el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de la ONU.
La Dirección Nacional del INTA concluyó que el retiro voluntario “lejos estuvo de operar como un proceso de readecuación racional precedido por una planificación estratégica, sino más bien funcionó como un mecanismo que profundizó y aceleró una ruptura institucional, afectando el núcleo técnico-científico del INTA, generando la pérdida de capacidades operativas y tecnológicas, acelerando el deterioro del prestigio institucional y los servicios que constituyen fuentes de financiamiento extrapresupuestario”.
El informe fue difundido por el medio Bichos de Campo.