El Concejo Deliberante de Huillapima resolvió por unanimidad levantar la suspensión que pesaba sobre el concejal Luciano Auce, del Frente Capayense, quien había sido apartado de sus funciones por 60 días desde el 26 de junio pasado.
El Concejo Deliberante de Huillapima resolvió, por unanimidad, levantar la suspensión que pesaba sobre el concejal Luciano Auce, del Frente Capayense, quien había sido apartado de sus funciones por 60 días desde el 26 de junio pasado.
El origen del conflicto
La sanción se había fundamentado, según un comunicado del propio cuerpo legislativo, en una serie de situaciones ocurridas durante sesiones ordinarias que, a criterio de los concejales firmantes del proyecto de resolución, afectaron el normal funcionamiento institucional y la convivencia democrática dentro del recinto. La medida se había adoptado en el marco de la Ley Orgánica Municipal N° 4640 y el Reglamento Interno del cuerpo, luego de que la iniciativa fuera presentada formalmente para su tratamiento en el recinto.
Auce había rechazado esos argumentos y sostenido que la verdadera razón de la sanción era el pedido de informes que presentó para conocer el destino de 100 millones de pesos administrados por el municipio, tarea que definió como parte de su rol de control sobre el Ejecutivo. En una denuncia pública difundida minutos después de conocerse la sanción, el edil afirmó: «Me suspendieron por decir la verdad». Auce sostuvo, además, que un pedido de informes no debería convertir a un concejal en blanco de sanciones políticas.
Desde el Ejecutivo municipal, encabezado por el intendente Omar Soria, se rechazó la versión del concejal. Un comunicado oficial sostuvo que la documentación sobre el destino de los fondos fue presentada en tiempo y forma, con tratamiento en comisión y notificación formal al propio Auce, y cuestionó que el edil recurriera a los medios de comunicación en lugar de agotar las instancias institucionales previstas.
El conflicto escaló además con una denuncia de Auce contra el concejal Franco Soria, hijo del intendente, a quien acusó de haberlo empujado al finalizar una sesión, en un episodio que, según el propio Auce, fue presenciado por el presidente del Concejo Deliberante, el secretario del cuerpo y otros ediles presentes en el recinto. Según remarcó el edil en su momento, mientras a él se lo sancionaba, no se había adoptado ninguna medida respecto de ese episodio.
En paralelo, Auce señaló que evaluaba junto a sus abogados la posibilidad de iniciar acciones judiciales para revertir la suspensión, un camino que quedó sin efecto tras la decisión adoptada por el propio cuerpo legislativo.
Repercusión política
La sanción generó repercusiones más allá del ámbito municipal. El senador departamental por Capayán, Gonzalo Ormachea, se pronunció en defensa de Auce y calificó la medida de «atropello institucional», al considerar que la decisión excedía la situación particular del concejal y avanzaba sobre la representación surgida del voto popular de los vecinos del departamento. Para el legislador, sancionar o limitar la voz de un concejal electo no afectaba solo a una persona, sino al sistema democrático y al derecho de los vecinos a contar con todas las voces dentro de las instituciones. Ormachea responsabilizó directamente al intendente Omar Soria por la sanción adoptada por el cuerpo deliberativo, y pidió a los concejales reconsiderar la medida.
Con la resolución adoptada esta vez por unanimidad, Auce recupera de manera plena sus funciones como concejal de Huillapima, luego de casi un mes marcado por acusaciones cruzadas.