La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos desestimó el planteo de nulidad y un recurso de casación presentados por la defensa del trabajador chino acusado de abuso sexual en Fiambalá. El expediente fue remitido a la Fiscalía.
La Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos rechazó el planteo de nulidad presentado por la defensa de Huang Sencai, representada por el abogado Horacio Macías. El tribunal, integrado por los camaristas Juan Rosales, Elena Berrondo Isí y Horacio Brizuela, también desestimó un recurso de casación interpuesto posteriormente por la defensa. Con el rechazo de ambos planteos, el expediente fue remitido a la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en Tinogasta, a cargo del fiscal Luis Jorge Barros Risatti.
Sencai está imputado desde septiembre de 2025 por los delitos de «abuso sexual simple calificado por el grave daño en la salud mental de la víctima» y «abuso sexual simple calificado por el grave daño en la salud mental de la víctima, en grado de tentativa». La defensa había planteado una nulidad con relación a un cuestionamiento sobre las garantías del acusado. Según el defensor, al momento de ordenarse la pericia psicológica a la denunciante no se había convocado a su cliente para designar abogado o defensor propio. Sin embargo, tanto en la etapa de investigación como en el Tribunal de Alzada se sostuvo que el planteo carecía de sustento, dado que en ese momento Sencai todavía no estaba imputado formalmente en la causa. Fuentes judiciales consultadas estiman que, superado este obstáculo procesal, la causa podría elevarse a juicio en agosto.
El hecho de violencia sexual habría ocurrido el 30 de junio de 2025 en instalaciones de la empresa litífera Zijin-Liex, donde Sencai se desempeñaba como jefe de Equipo y Energía. La víctima, una empleada de limpieza, dio aviso inmediato a sus supervisoras —dos mujeres catamarqueñas y una china—, pero la respuesta institucional tardó en llegar. Sin obtener una solución de la empresa, la trabajadora presentó la denuncia formal el 7 de julio en la Comisaría de Fiambalá. Dos días después, el 9 de julio, Sencai habría salido del país rumbo a la provincia china de Fujian, lo que llevó a la Fiscalía a ordenar su captura internacional y a solicitar su extradición por vía diplomática. Recién el 14 de julio, tras el impacto público del caso, la Comisión Directiva de Liex SA emitió un comunicado en el que aseguró colaborar «activamente con la Justicia» y anunció la suspensión preventiva del acusado y su traslado fuera de Fiambalá para garantizar «cero contacto» con la denunciante. El 18 de agosto, Sencai se presentó espontáneamente ante la Justicia catamarqueña, lo que dejó sin efecto la captura internacional y el pedido de extradición.
Durante la audiencia indagatoria, con la asistencia de un perito intérprete, el acusado negó los hechos y sostuvo que se trató de un malentendido vinculado a una «costumbre china» de entrega de obsequios a empleados de menor jerarquía. Según la defensa, le habría ofrecido un alfajor, un chocolate y luego dinero a la denunciante, y al ver que ella rechazaba el dinero insistió e intentó guardárselo en el bolsillo del pantalón.
En el marco de la investigación, la Fiscalía habría reunido un conjunto de elementos de prueba. Entre ellos, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la empresa, que respaldarían la versión de la denunciante, y que se habrían convertido en una pieza central de la causa. A esto se suman las pericias psicológicas realizadas a la víctima en el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF), que confirmaron un «grave daño en su salud mental, con síntomas compatibles con estrés postraumático y depresión», además de declaraciones de testigos y las propias declaraciones de la denunciante y del acusado.
Desde que fue imputado, Sencai permanece en libertad bajo un estricto régimen de restricciones: tiene retenido el pasaporte, tiene prohibido todo contacto con la denunciante y su familia por cualquier medio, debe mantener una distancia mínima de 100 metros de ella en la vía pública, no puede modificar su domicilio ni su número de teléfono sin previo aviso a la Fiscalía, y debe presentarse una vez a la semana en la Comisaría de Fiambalá a firmar la planilla de control. El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones podría derivar en una investigación por desobediencia judicial.