Gonzalo Guiñazú admitió en el sumario administrativo haber incorporado conceptos salariales no correspondidos, alegando una deuda del Poder Judicial. Su defensa pidió la nulidad del descargo.
El contador de la Corte de Justicia de Catamarca, Gonzalo Guiñazú, investigado por haberse liquidado más de 15 millones de pesos en adicionales salariales que no le correspondían, reconoció durante el sumario administrativo haber incorporado esos conceptos a sus haberes. Según consta en el expediente disciplinario, Guiñazú sostuvo que actuó convencido de que el Poder Judicial mantenía una deuda salarial con él por las funciones que desempeñaba.
En el análisis del descargo presentado por el empleado judicial, la Sala de Sumarios dejó asentado que «el propio sumariado al momento de ejercer su defensa material reconoció la comisión del hecho», aunque aclaró que intentó justificar su conducta al afirmar que los montos liquidados respondían a una diferencia salarial que entendía legítima.
Según el expediente, Guiñazú explicó que desde su incorporación a la Secretaría Contable realizaba tareas que excedían las correspondientes a su categoría de escribiente y que, pese a desempeñar funciones de contador, nunca percibió la remuneración acorde a esas responsabilidades. En ese contexto, afirmó que decidió incorporar a su recibo de haberes conceptos que, a su criterio, compensaban esa diferencia.
En su presentación también reconoció que «la forma y el procedimiento no fueron los adecuados», aunque negó haber manipulado el sistema de liquidación de sueldos o vulnerado las herramientas informáticas del Poder Judicial. Su versión sostiene que fraccionó esos importes en distintos períodos porque consideraba que se trataba de una deuda salarial acumulada y no de un beneficio indebido.
Piden nulidad del descargo
La estrategia defensiva dio un giro posteriormente. En un planteo presentado dentro del mismo sumario administrativo, la defensa solicitó que ese primer descargo fuera declarado nulo al sostener que Guiñazú lo realizó sin asistencia técnica de un abogado y sin haber tenido acceso previo a las actuaciones administrativas.
En ese escrito se argumenta que el contador formuló su descargo «sin patrocinio letrado y sin conocer integralmente las constancias del expediente», situación que, según la defensa, afectó su derecho de defensa y las garantías constitucionales que amparan a toda persona sometida a un proceso sancionatorio. Además, sostuvo que esa declaración no podía ser utilizada en su contra por haber sido prestada sin las debidas garantías.
Los abogados también solicitaron que se declare extinguida la potestad disciplinaria de la Corte a partir de la renuncia presentada por Guiñazú al Poder Judicial, al considerar que ya no existía una relación de empleo público que justificara la continuidad del sumario. Ese planteo fue rechazado por la Sala de Sumarios, que entendió que la desvinculación posterior no impedía avanzar con la investigación administrativa por hechos presuntamente cometidos durante la vigencia de la relación laboral.
El expediente disciplinario avanza en paralelo a la causa penal iniciada tras la denuncia presentada por el secretario contable de la Corte, Pablo Andrés Rachid Florit, quien detectó irregularidades en la liquidación de haberes.
La investigación del fiscal de Instrucción, Facundo Barros Jorrat, concluyó que entre marzo de 2024 y enero de 2025 Guiñazú habría incorporado en distintas oportunidades conceptos como «haberes adeudados», adicionales por antigüedad y diferencias de categoría, maniobra que, según una pericia contable, ocasionó un perjuicio superior a los 15,4 millones de pesos.
La causa penal fue elevada a juicio en octubre del año pasado, pero permanece pendiente de una resolución de la Cámara de Apelaciones luego de que la defensa cuestionara distintas actuaciones del proceso. Mientras ese trámite continúa, el sumario administrativo incorporó un elemento que hasta ahora no había trascendido: el reconocimiento del propio contador sobre los hechos investigados, aunque acompañado por una explicación con la que intenta justificar el origen de los cobros.