Un análisis publicado por Jorge Enrique Tejada cuestiona la delegación de funciones públicas en cámaras corporativas en Fiambalá y señala una concentración de la riqueza en sectores privados, con presuntas consecuencias para la población local.
En un artículo de opinión publicado recientemente, Jorge Enrique Tejada analiza la situación política y económica en Fiambalá, provincia de Catamarca. El texto sostiene que el Estado municipal ha delegado funciones públicas en sectores privados organizados en cámaras corporativas, como la Cámara de Turismo, la Cámara Económica y la Cámara de Proveedores Mineros.
Según el autor, esta dinámica implicaría que las decisiones que competen al Estado se toman mediante negociaciones directas con estas corporaciones, dejando de lado al gobierno legal y legítimamente elegido y a los ciudadanos. Tejada afirma que el Estado provincial cede la función de regular la vida en sociedad y la economía a estos grupos económicos privados.
El artículo también critica las presentaciones públicas de Declaración de Impacto Ambiental relacionadas con la industria minera, señalando que en esos espacios se evidenciaría una alianza entre el poder político y el grupo empresarial. El autor sostiene que esta alianza defendería la contaminación, el avasallamiento territorial y la miseria económica de quienes no participan en ese proceso.
Además, Tejada menciona que el municipio de Fiambalá, al igual que otros en la provincia, cedió el manejo de regalías mineras a un Fondo Fiduciario para el desarrollo provincial del sector minero. El texto describe este fideicomiso como un instrumento que concentraría la riqueza en sectores gobernantes, con la anuencia de las representaciones políticas locales y el respaldo de las minipymes familiares de la legislatura provincial.
El análisis concluye que la pobreza en la región no sería casual, sino diseñada para un fin determinado, con complicidades entre sectores privados, empresas transnacionales y gobiernos municipal y provincial. El autor afirma que los pueblos no reciben regalías y que el 3% de las mismas es absorbido por el fideicomiso minero, sin impactos directos en educación, salud y empleo.