En 2025 se registraron 1.693 denuncias por este delito en la Primera Circunscripción Judicial, con un crecimiento superior al 500% en diez años.
De acuerdo con estadísticas del Poder Judicial correspondientes a la Primera Circunscripción Judicial, durante 2025 se registraron 1.693 denuncias por “estafas y otras defraudaciones”, sobre un total de 25.390 causas iniciadas entre denuncias y actuaciones de oficio. Esto significa que casi siete de cada 100 expedientes que ingresaron al sistema judicial estuvieron vinculados con maniobras fraudulentas.
La Primera Circunscripción Judicial comprende los departamentos de Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, Paclín, Santa Rosa y Valle Viejo. El dato marca un nuevo incremento respecto de 2024, cuando se habían contabilizado 1.642 denuncias. Diez años atrás, en 2014, los casos eran apenas 275. En términos porcentuales, el crecimiento acumulado supera el 500%.
La evolución no sólo muestra un aumento cuantitativo. También expone una transformación en las modalidades del delito. Las estafas dejaron atrás el esquema tradicional del “cuento del tío” para trasladarse a entornos digitales donde los delincuentes aprovechan consumos culturales, plataformas virtuales, aplicaciones bancarias y redes sociales para construir engaños cada vez más sofisticados.
Del teléfono al engaño digital
Las investigaciones por ciberdelitos muestran que las maniobras actuales suelen apoyarse en mecanismos de urgencia, confianza o falsa autoridad. Los delincuentes se hacen pasar por representantes bancarios, organismos públicos, empresas de servicios o plataformas comerciales y logran obtener claves, accesos o autorizaciones de las propias víctimas.
En las últimas semanas se conocieron casos que evidencian cómo el fraude se adapta a nuevas prácticas sociales. Uno de estos estuvo vinculado a falsas promociones relacionadas con el acceso a libros y contenidos de lectura digital. A través de enlaces y mensajes engañosos, los estafadores lograban captar datos personales y bancarios bajo la apariencia de beneficios culturales o suscripciones gratuitas.
Otro caso reciente tuvo como víctima a un jubilado que denunció que delincuentes vaciaron su cuenta bancaria en dos oportunidades. La maniobra incluyó movimientos digitales y operaciones remotas que dejaron al damnificado sin sus ahorros.
Los expedientes reflejan una constante: las víctimas ya no pertenecen a un único grupo etario ni responden a un perfil específico. Las estafas atraviesan edades, niveles educativos y sectores económicos, favorecidas por la expansión de la bancarización digital y el uso cotidiano de plataformas virtuales.
En silencio e invisible
A diferencia de otros delitos contra la propiedad, las estafas rara vez implican violencia física. El mecanismo central es el engaño: generar confianza suficiente para que la propia víctima entregue dinero, información sensible o habilite operaciones.
Especialistas en ciberdelito advierten que la sofisticación tecnológica redujo las barreras para cometer este tipo de maniobras. Hoy es posible falsificar identidades, clonar perfiles, simular páginas oficiales o utilizar inteligencia artificial para recrear voces y mensajes con apariencia legítima.
En paralelo, el crecimiento estadístico también puede estar vinculado con una mayor predisposición a denunciar. Durante años muchas víctimas evitaban acudir a la Justicia por vergüenza o por considerar imposible recuperar el dinero perdido. Sin embargo, la reiteración de casos y las campañas de prevención comenzaron a modificar esa conducta.
Prevención y desconfianza activa
Desde la Justicia especializada en esta materia insisten en una serie de recomendaciones básicas: no compartir claves ni códigos de verificación, desconfiar de enlaces enviados por WhatsApp o redes sociales, evitar operar bajo presión y verificar siempre la identidad de quien solicita información bancaria.
Las estadísticas muestran que las estafas ya no son un fenómeno marginal dentro del mapa del delito local. El crecimiento sostenido y la adaptación permanente de las modalidades obligan a pensar el problema no sólo desde la persecución penal, sino también desde la prevención digital y la alfabetización tecnológica.