El presidente estadounidense compartió una imagen de Venezuela con la bandera norteamericana, generando rechazo del gobierno interino venezolano y dudas legales en su propio país.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, generó controversia internacional tras reafirmar su intención de considerar a Venezuela como el posible estado número 51 de la Unión. El mandatario publicó una imagen en su red social Truth Social que muestra el mapa de Venezuela cubierto por la bandera estadounidense bajo el lema «51st State».
La imagen también fue compartida por la cuenta oficial de X (antes Twitter) de la Casa Blanca. En declaraciones recientes a medios estadounidenses, Trump calificó la idea como algo que está «considerando seriamente». Sus argumentos se centran en el valor estratégico y económico de la región: riqueza energética, estimando que Venezuela posee reservas de petróleo valoradas en unos 40 billones de dólares, y una supuesta aceptación popular, afirmando que «Venezuela ama a Trump» tras la salida de Nicolás Maduro del poder a principios de 2026.
El mandatario ya había insinuado esta posibilidad en marzo, también a través de Truth Social, sugiriendo la «estadidad» tras el desempeño de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol.
La respuesta oficial desde Caracas no tardó en llegar. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó categóricamente la sugerencia desde La Haya: «Eso nunca se habría considerado. Si hay algo que tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia y a nuestros héroes». A pesar de que las relaciones diplomáticas se han restablecido y existe cooperación activa para revitalizar la industria petrolera, el gobierno interino mantiene que la soberanía e integridad nacional no están en discusión.
Expertos legales señalan que, según el Artículo IV de la Constitución de los Estados Unidos, el presidente no tiene la facultad de declarar nuevos estados de forma unilateral. Cualquier admisión requiere la aprobación del Congreso y, según la jurisprudencia histórica, el territorio en cuestión debería dar su consentimiento expreso, algo que actualmente parece improbable dada la postura de las autoridades venezolanas.