La diputada provincial Cecilia Barros presentó en la Cámara Baja un proyecto de ley que establece un protocolo de prevención y actuación ante situaciones de riesgo en escuelas primarias y secundarias de la provincia.
Con el objetivo de garantizar escuelas más seguras y fortalecer la prevención dentro de las instituciones educativas, la diputada provincial Cecilia Barros presentó en la Cámara Baja el proyecto de ley denominado “Protocolo para Entornos Educativos Seguros”, destinado a escuelas primarias y secundarias, tanto públicas como privadas de Catamarca.
La iniciativa surge frente a situaciones que generan preocupación en la comunidad educativa, como amenazas difundidas a través de redes sociales, hechos de intimidación entre pares y la posible presencia de objetos peligrosos dentro de los establecimientos escolares. En este sentido, el proyecto propone brindar herramientas claras de prevención, detección temprana y actuación responsable, priorizando siempre el cuidado integral de los estudiantes y el respeto por sus derechos.
“Este proyecto de ley busca garantizar entornos escolares más seguros, fortaleciendo la prevención y promoviendo una cultura de cuidado, responsabilidad y convivencia dentro de las escuelas. Apunta principalmente a prevenir hechos de violencia antes de que ocurran, poniendo un fuerte énfasis en el rol de las familias y en la protección integral de niños, niñas y adolescentes, garantizando que cualquier intervención se realice desde una mirada pedagógica, preventiva y respetuosa para nuestros estudiantes. Por último es importante resaltar que es un proyecto adaptado de acuerdo a las necesidades o al perfil de la situación social de nuestra provincia”, expresó la diputada.
El protocolo contempla una primera etapa preventiva basada en la formación y concientización de estudiantes, docentes y familias. Además, prevé espacios institucionales de diálogo como tutorías, talleres y jornadas educativas, promoviendo un vínculo permanente entre la escuela y los adultos responsables, y establece capacitaciones obligatorias para el personal docente y directivo.
En una segunda instancia, denominada “Abordaje preventivo para un entorno seguro”, el proyecto habilita la realización de controles preventivos no invasivos sobre pertenencias de estudiantes, de manera aleatoria y bajo supervisión de autoridades escolares. Estos procedimientos deberán realizarse únicamente mediante la apertura voluntaria de mochilas o pertenencias por parte del propio estudiante, respetando siempre su integridad y sus derechos.
Finalmente, la propuesta establece una etapa de actuación y seguimiento posterior ante posibles situaciones de riesgo. Entre las medidas previstas se encuentra preservar la calma para evitar situaciones de pánico, separar preventivamente a la persona involucrada sin ejercer violencia, dar aviso inmediato al sistema de emergencias 911 y contactar a padres o tutores responsables. Cada institución deberá elaborar informes y coordinar acciones con equipos interdisciplinarios para garantizar el acompañamiento posterior.
El proyecto también destaca el rol fundamental de las familias, quienes deberán adherir al protocolo mediante la firma de un acta de compromiso. Además, prevé sanciones de carácter social y reparador ante incumplimientos graves, priorizando tareas comunitarias y talleres educativos por sobre las multas económicas tradicionales.