El Gobierno provincial mantiene reuniones con empresarios del transporte urbano para definir medidas ante el aumento de costos, la caída de pasajeros y la presión sobre la sostenibilidad del servicio.
El Gobierno provincial avanzó en una ronda de reuniones con empresarios del transporte urbano para definir medidas frente a un escenario que combina aumento de costos, caída de pasajeros y presión sobre la sostenibilidad del servicio. En diálogo con Mensajes en la Radio (Radio El Esquiú 95.3), el secretario de Transporte, Lucas Stämpfli, confirmó que las empresas solicitaron una actualización tarifaria cercana al 40% y mayores compensaciones estatales.
Según explicó, el análisis aún no está cerrado y la definición se conocería la próxima semana, cuando se determine el equilibrio entre tarifa, subsidios y cantidad de usuarios. El funcionario sostuvo que el valor del boleto depende directamente de esos tres factores y advirtió que cualquier esfuerzo adicional del Estado podría amortiguar el impacto en el usuario.
El diagnóstico oficial señala una transformación estructural del sistema. Stämpfli indicó que el transporte urbano perdió cerca del 40% de pasajeros en los últimos años, sin una reducción proporcional en la estructura operativa. “Tenemos casi un 40% menos de pasajeros, pero no tenemos menos empleados en las empresas”, afirmó, al describir la presión financiera que atraviesan las prestatarias.
Frente a esto, el Gobierno analiza cambios en los recorridos y en la organización del servicio. Detectaron superposición de líneas en algunas zonas del Valle Central, lo que genera ineficiencias y afecta la rentabilidad. La intención es rediseñar el esquema para mejorar cobertura y funcionamiento sin aumentar necesariamente la inversión.
El escenario también impacta en el frente laboral. Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) manifestaron preocupación por posibles despidos. Stämpfli evitó anticipar definiciones, pero reconoció que el resultado dependerá de cómo se reorganice el sistema. Señaló que las decisiones sobre contratación corresponden a las empresas, aunque remarcó que los derechos laborales no están en discusión.
El funcionario vinculó la crisis a factores locales y nacionales. Mencionó el atraso en el envío de subsidios y el aumento del combustible, que subió un 53% en los últimos cuatro meses. “El combustible es un elemento esencial del transporte”, indicó, y advirtió que esos incrementos impactan directamente en los costos operativos.
Mientras tanto, el Gobierno continúa negociando con empresas y gremios para definir un esquema que permita sostener el servicio, en el marco de una menor demanda y mayores costos.