Con 45 votos afirmativos, la Cámara de Diputados de la Nación dio un paso fundamental para la región noroeste al aprobar en primera instancia el acuerdo interprovincial entre Catamarca y Salta. El texto, que ahora deberá ser tratado por el Senado, establece la suspensión temporal de un histórico diferendo limítrofe en el área de la Puna, específicamente en el sector donde se emplaza el yacimiento de litio Diablillos-Plata.
Un proyecto minero en el centro del acuerdo
El entendimiento entre los gobiernos de Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta) tiene como objetivo principal destrabar la explotación de recursos en una zona de riqueza mineral. La suspensión del litigio permitiría avanzar en las evaluaciones y futuras inversiones para el proyecto Diablillos-Plata, considerado uno de los más prometedores de la región. Según los fundamentos del acuerdo, ambas provincias se comprometen a una gestión conjunta y al reparto futuro de regalías, priorizando el desarrollo económico por encima del conflicto territorial.
El cruce que acaparó la atención
Pese a la trascendencia de la media sanción, el desarrollo de la sesión se vio parcialmente opacado por un agudo intercambio dialéctico entre la diputada Sonia Nabarro y su par Javier Galán. La discusión, que se extendió por varios minutos, giró en torno a los procedimientos legislativos y la interpretación de los alcances del acuerdo, desviando el foco de otros puntos técnicos debatidos. Este episodio relegó a un plano secundario el análisis detallado de los anexos cartográficos y los protocolos de actuación conjunta que forman parte del convenio.
Próximos pasos y expectativas
Con la media sanción obtenida, el proyecto de ley de aprobación del acuerdo pasará a la Cámara Alta para su tratamiento definitivo. Desde el gobierno de Catamarca se manifestó optimismo respecto a su pronta sanción, destacando que el consenso con Salta es «ejemplar» y sienta un precedente para la resolución de conflictos limítrofes. Analistas políticos subrayan que la viabilidad del proyecto Diablillos-Plata, que requiere inversiones multimillonarias, depende críticamente de la estabilidad jurídica que este acuerdo pretende garantizar.
Mientras tanto, organizaciones ambientales y comunidades locales han solicitado ser recibidas por las comisiones del Senado para expresar sus consideraciones sobre el impacto de la actividad minera, asegurando que el desarrollo económico debe ir de la mano de la protección del frágil ecosistema puneño.