En el marco de la sesión en la que la Cámara de Diputados de Catamarca otorgó media sanción al proyecto de ley del Código Procesal del Derecho de las Familias, el diputado provincial Exequiel Moreno, en su carácter de presidente de la Comisión de Legislación General, fue el miembro informante encargado de fundamentar la iniciativa en el recinto.
Durante su intervención, Moreno contextualizó el alcance de la propuesta, destacando que se trata de un nuevo marco procesal autónomo, moderno y especializado para el abordaje de los conflictos familiares, que incorpora principios como la oralidad, la celeridad, la tutela judicial efectiva, la perspectiva de género y la protección de personas en situación de vulnerabilidad. Además, subrayó la incorporación del expediente digital y el uso regulado de la inteligencia artificial bajo criterios de transparencia, control humano y protección de datos.
En ese contexto, el legislador puso especial énfasis en un punto clave para el ejercicio profesional, la incorporación de un artículo que reconoce el carácter alimentario de los honorarios de los abogados. Se trata de un aspecto central en la defensa de la abogacía, especialmente para quienes litigan y sostienen su actividad en el cobro de sus honorarios, fortaleciendo así una demanda histórica del sector.
“Este proyecto no es una reforma más, estamos ante una verdadera modernización del sistema de justicia de familia. Es una respuesta institucional necesaria frente a los profundos cambios sociales, culturales y jurídicos que hemos atravesado en las últimas décadas”, sostuvo.
“El Derecho de Familia ha dejado de ser ese ámbito rígido que históricamente conocimos. Hoy reconocemos la diversidad de las familias, la centralidad de los vínculos afectivos y la necesidad de contar con herramientas procesales adecuadas para abordar situaciones de vulnerabilidad”, remarcó. En ese sentido, enfatizó el cambio de enfoque que propone la norma: “Este proyecto plantea un cambio de paradigma, crear un proceso de familia autónomo, especializado, ágil y con una mirada profundamente humana. No regula expedientes, regula dolor, regula realidades”.
Asimismo, explicó que el nuevo Código tiene objetivos concretos: “Mejorar la eficiencia del servicio de justicia, garantizar decisiones de mayor calidad técnica y asegurar una tutela judicial efectiva para quienes acuden al sistema en momentos de especial sensibilidad personal y familiar”.
Uno de los ejes más fuertes de su exposición estuvo vinculado a la perspectiva de género y al abordaje de las desigualdades estructurales. “Por ahí escuché a algunos diputados pre opinantes incurrir en barrabasadas jurídicas, citando artículos que no son coincidentes en nada con la mención de perspectiva de género”, cuestionó. Y agregó: “El derecho de familia no regula expedientes, regula vidas humanas atravesadas por el dolor, la desigualdad y el conflicto. Regula la historia de mujeres que han soportado violencia, la realidad de niños y niñas cuyo interés superior no puede quedar atado a formalismos, y la situación de quienes viven en contextos de vulnerabilidad”.
En esa línea, fue contundente: “Juzgar con perspectiva de género y en atención a las vulnerabilidades no es una opción ideológica, es una obligación constitucional”. “Tenemos que terminar con la ficción jurídica de que todos somos iguales ante la ley, porque no todos llegan a los estrados judiciales en las mismas condiciones”, agregó.
Por último, precisó el sentido de la herramienta: “La perspectiva de género no significa darle la razón a nadie por su condición, sino entender si la desigualdad está influyendo en el conflicto. Es calibrar la balanza antes de pesar, porque la justicia no puede ser neutral frente a esas desigualdades”.
“El Código no otorga privilegios, otorga herramientas para que la justicia llegue a quienes realmente la necesitan. Legislar en materia de familia es legislar sobre la vida cotidiana de nuestra gente, sobre los momentos más difíciles y los conflictos más sensibles”, concluyó.
El proyecto prevé su entrada en vigencia el 1 de agosto de 2026 y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Senadores para su sanción definitiva.