El Gobierno nacional resolvió este lunes establecer una veeduría por 180 días sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con el objetivo de relevar documentación, revisar balances y analizar contratos y operaciones financieras de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia. La medida fue dispuesta por el Ministerio de Justicia, a partir de un pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ).
La decisión implica el nombramiento de dos veedores, el contador Rubén Miguel Pappacena y el abogado Agustín Ortiz de Marco, quienes tendrán acceso a libros contables, registros administrativos y acuerdos comerciales de la entidad.
Entre los puntos a revisar figuran los estados contables cerrados al 30 de junio de 2025, el cumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales, y la documentación vinculada a la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA).
También deberán examinar las relaciones comerciales con distintas firmas y personas, en el marco de observaciones previas realizadas por el organismo de control.
Los veedores deberán elaborar un informe final, aunque podrán presentar reportes parciales en caso de detectar situaciones que consideren urgentes.
Cuestionamientos previos de la IGJ
La resolución se apoya en planteos de la IGJ, que había señalado que la AFA no presentó información requerida sobre el ejercicio 2025 y sobre la UNAFA.
Además, el organismo cuestionó el intento de la entidad de fijar su domicilio en la provincia de Buenos Aires, al considerar que esa modificación sería “ficticia” y que la asociación continúa bajo su jurisdicción.
Desde la conducción de la AFA rechazaron la medida y la calificaron como una “veeduría ilegítima”. También negaron irregularidades en la presentación de balances y anticiparon que podrían recurrir a la Justicia.
Si bien la veeduría no implica una intervención directa ni modifica el funcionamiento cotidiano de la entidad, abre una etapa de revisión formal que podría derivar en nuevas medidas administrativas o en una profundización del conflicto en el ámbito judicial.