El gobierno de Javier Milei denunció por “terrorismo” a los manifestantes detenidos que el miércoles último se movilizaron hasta el Congreso para rechazar el proyecto de reforma laboral y se enfrentaron a la salvaje represión policial desatada en las inmediaciones. La acción penal que escala un paso más en la criminalización de la protesta fue tomada por el Ministerio de Seguridad bajo el inusitado argumento de que esos actos de protesta intentaron sembrar “muerte y caos”.
La trama detrás de la represión frente al Congreso
La confirmación de la medida fue hecha por la titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien en sus redes sociales hizo el anuncio con el vengativo slogan de “el que las hace las paga”.
Según la sucesora de Patricia Bullrich, las acciones de resistencia de las que participaron parte de los detenidos el miércoles último se trataron de “actos vandálicos y de terrorismo”. Apuntó particularmente contra quienes arrojaron bombas molotov contra la infantería que arremetió con carros hidrantes, arrojó gases, disparó balas de goma y apaleó a jóvenes, adultos y ancianos.
“Una bomba molotov es una bomba, es un arma que tiene toda la intención de generar no solo muerte sino caos”, exageró la funcionaria para revertir la carga de la violencia que comenzó cuando, por órdenes suyas, la policía avanzó contra la primera línea de la protesta sobre Plaza Congreso.
No es la primera vez que el Gobierno apela a esa figura para satanizar el derecho a manifestarse (consagrado en los artículos 14, 33 y 75 de la Constitución). Ya lo había hecho con quienes fueron apresados en junio de 2024 tras ser reprimidos durante la masiva movilización al Congreso contra la Ley Bases.
Monteoliva sostuvo que los incidentes “fueron mucho más que una contravención” y precisó que son 17 las personas identificadas en la marcha. Sobre ellas recaerá la tipificación creada particularmente para condenar a los integrantes de una organización internacional financiada para generar alarma y conmoción social, entre los cuales dudosamente se encuentran aquellos que ejercen el derecho constitucional a reclamarle a las autoridades.
Para magnificar su posición, la ministra reconoció que su cartera está intentando forzar la interpretación de los hechos a fin de que la figura encuadre en sus necesidades: “Acá hubo autores intelectuales y económicos. Por eso, lo que nos interesa es ligar a estas personas con organizaciones y con financiamiento: desde el que fue a la ferretería a comprar bulones y tuercas hasta los que efectivamente realizaron estos actos vandálicos y de terrorismo”, dijo durante una entrevista por una radio oficialista.
El que luego salió a defender el dislate acusador fue Adorni, quien sostuvo que “atacar al Congreso de la Nación y agredir a las fuerzas de seguridad es un delito grave contra el orden constitucional”.
A través de sus redes sociales, el exvocero confirmó que “el gobierno nacional ha denunciado por terrorismo a los responsables de los ataques. El que las hace, las paga”.