martes, 10 de febrero de 2026 14:05
El director de Adjudicaciones y Control de Viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Mauricio Alejandro Varela, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Instrucción por una presunta estafa vinculada a la supuesta venta irregular de viviendas sociales en la provincia de Catamarca.
Según consta en la presentación judicial, la denuncia apunta contra una o más personas que, mediante engaños, falsos títulos, abuso de confianza e influencia simulada, habrían solicitado dinero a terceros a cambio de la entrega de unidades habitacionales construidas por el IPV, conducta prevista y reprimida por el artículo 172 del Código Penal Argentino.
De acuerdo a la información aportada, el principal señalado sería un hombre identificado como Juan Martín Acuña, quien presuntamente exigía sumas de dinero a personas interesadas en acceder a una vivienda. Entre las pruebas incorporadas figuran audios en los que se escucha ofrecer casas a cambio de pagos que oscilarían entre 450 mil y un millón de pesos, asegurando la inclusión de las víctimas en supuestos listados de adjudicación.
La denuncia también advierte sobre la creación de un falso perfil que habría sido utilizado para hacerse pasar por el propio denunciante, con el objetivo de reforzar el engaño. Mediante ese contacto apócrifo, se habrían enviado nóminas falsas de beneficiarios, generando mayor credibilidad en la maniobra fraudulenta.
Desde el IPV se remarcó que este accionar es completamente ajeno al procedimiento oficial de adjudicación de viviendas. Tanto el Ministerio de Vivienda y Urbanismo como el Instituto Provincial de la Vivienda no cobran dinero por trámites previos a la entrega de soluciones habitacionales, y el único pago que realizan los beneficiarios es el recupero del crédito mediante cuotas mensuales, una vez tomada posesión de la vivienda.
Como parte de la prueba, se adjuntaron capturas de conversaciones, imágenes de perfiles falsos y notificaciones ministeriales presuntamente fraguadas. Además, se ofreció el testimonio de Natalia Elizabeth Ferreyra, empleada del organismo, quien habría aportado información clave para la detección de la maniobra.
Finalmente, el denunciante solicitó a la Fiscalía que promueva la investigación correspondiente, impida la continuidad del presunto delito, identifique a los responsables y reúna los elementos probatorios necesarios para sustentar una eventual acusación penal.