El bloque libertario se reunió para definir el inicio del tratamiento del Régimen Penal Juvenil y la reforma a la Ley de Glaciares en extraordinarias.
El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados mantuvo este martes una reunión de trabajo para ajustar la estrategia con la que buscará avanzar, desde la próxima semana, con los proyectos de reforma del Régimen Penal Juvenil y las modificaciones a la Ley de Glaciares, en el marco de las sesiones extraordinarias del Congreso.
El encuentro fue convocado por el jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, y comenzó pasadas las 18 en el Salón Blanco de la planta baja del Palacio Legislativo, con la asistencia de la mayoría de los legisladores libertarios.
El objetivo de LLA en Diputados
El objetivo inmediato del oficialismo es conformar la semana próxima las comisiones necesarias para poner en marcha los plenarios que tratarán ambos proyectos. Esa instancia será clave para activar el debate formal tanto de la Ley Penal Juvenil como de la reforma a la Ley de Glaciares.
El cronograma se desarrollará en paralelo al inicio del tratamiento en el Senado de la reforma de “modernización” laboral, una de las principales apuestas políticas del Gobierno durante el verano, impulsada por la jefa del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien concentra las negociaciones para reunir los votos.
De la reunión participaron, entre otros, los diputados Luis Petri, Sebastián Pareja, Lilia Lemoine, Silvana Giudici, Damián Arabia, Karen Reichardt y Sergio Figliuolo. También asistió el secretario de Minería, Luis Lucero, quien expuso los lineamientos centrales de la reforma a la Ley de Glaciares.
Régimen Penal Juvenil
El debate sobre el Régimen Penal Juvenil se estructurará en un plenario de comisiones con cabecera en Legislación Penal, presidida por Laura Rodríguez Machado, y la participación de Presupuesto y Hacienda, Familia, Niñez y Juventudes, y Justicia.
Las dos últimas comisiones aún no tienen autoridades ni integrantes designados, un trámite formal que el oficialismo espera resolver la semana próxima para acelerar el inicio del tratamiento. Por el momento, desde el bloque libertario mantienen un fuerte hermetismo sobre quiénes encabezarán esos cuerpos.
Para presidir la Comisión de Justicia había sonado con fuerza el nombre de Petri, por su experiencia en la materia, aunque desde su entorno descartaron esa posibilidad.
En cuanto al contenido del proyecto, el Gobierno insistirá con la iniciativa original enviada el año pasado, que fija la edad mínima de imputabilidad en los 13 años, y dejará de lado el dictamen de consenso aprobado el 6 de mayo, que establecía el umbral en 14.
“Vamos a insistir con los 13 años. El año pasado éramos muchos menos. Desde el 10 de diciembre cambió la paridad de fuerzas”, reconoció un diputado de peso de La Libertad Avanza.
El clima interno del bloque es de fuerte optimismo respecto de la aprobación de la iniciativa. La principal incógnita pasa por los tiempos: si el proyecto logrará sanción dentro del período de sesiones extraordinarias, que concluye el 27 de febrero, o si el debate se extenderá al inicio del período ordinario.
“Queremos aprobarla lo más rápido posible. Puede ser en extraordinarias o después”, admitió uno de los legisladores que tendrá un rol protagónico durante el debate en comisiones.
Según explicó, el oficialismo buscará demostrar que a partir de cierta edad biológica existe plena comprensión de la gravedad de los actos delictivos. “Es una ley muy postergada y debatida durante muchos años. El sistema actual está fracasando. Lo importante es que la nueva norma va a tener perspectiva de víctima”, sostuvo en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.
En Unión por la Patria, principal bloque opositor, predomina una postura de rechazo a la iniciativa, a la que califican de punitivista y “demagógica”, al considerar que intenta resolver con el Código Penal problemas estructurales vinculados a la desigualdad social.
No obstante, algunos diputados peronistas, como el massista Ramiro Gutiérrez, se apartan de esa línea mayoritaria y proponen fijar la edad mínima punible en 14 años.
Ley de Glaciares
En paralelo, la discusión sobre la Ley de Glaciares tendrá como comisión cabecera a Recursos Naturales y Conservación del Ambiente, que deberá designar la semana próxima a sus autoridades e integrantes.
La iniciativa del Gobierno apunta a descentralizar en las provincias el control y la regulación de las actividades mineras e hidrocarburíferas en zonas periglaciares, con el objetivo de destrabar proyectos e impulsar inversiones.
En términos conceptuales, la reforma propone reforzar el reconocimiento del dominio originario de los recursos naturales por parte de las provincias, un principio consagrado en el artículo 124 de la Constitución Nacional tras la reforma de 1994.
La normativa vigente protege a los glaciares y también impone restricciones en áreas periglaciares —ecosistemas de alta montaña con suelos congelados o saturados de agua—, que cumplen un rol clave en la regulación hídrica. El proyecto oficial mantiene la protección de los glaciares, pero elimina las prohibiciones específicas sobre las zonas periglaciares, un punto que genera apoyos y resistencias entre provincias, ambientalistas y sectores productivos.