El sistema energético argentino atraviesa un punto de inflexión determinante. Tras décadas de vigencia de un modelo basado en el sostenimiento artificial de tarifas a través de subsidios y una acumulación de deudas de las distribuidoras que amenazaba con colapsar la cadena de pagos, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) comenzó a implementar una política gerencial más agresiva con el objetivo de pasar de la morosidad crónica de sus clientes a un esquema en el que el cumplimiento estricto de los pagos emerge como condición indispensable para sostener los planes de saneamiento de las deudas históricas.
Bajo el régimen anterior, las distribuidoras utilizaron la falta de pago a CAMMESA como mecanismo de financiamiento ante el atraso de las tarifas. Esto afianzó un escenario de fragilidad extrema, en el que el stock de deuda consolidada llegó a superar los 1.300 millones de dólares. CAMMESA pretende revertirlo, apalancada por un Gobierno nacional que también avanza en la reducción de los subsidios.
Aunque la mayoría de las empresas (incluyendo a gigantes como Edenor y Edesur) han ingresado en planes de pago de hasta 72 cuotas, la presión sobre sus flujos de caja es muy fuerte, pues para mantener los beneficios de las tasas subsidiadas de sus deudas viejas deben pagar el 100% de la energía que compran mensualmente. Cualquier incumplimiento implica la caída de los convenios y sanciones financieras potencialmente letales.
En tal contexto, la EC SAPEM consiguió consolidar una posición ventajosa respecto del promedio nacional de las distribuidoras.
A diferencia de la mayoría de las distribuidoras del país, la EC SAPEM no registra deudas con la mayorista CAMMESA A diferencia de la mayoría de las distribuidoras del país, la EC SAPEM no registra deudas con la mayorista CAMMESA
Actualmente los usuarios finales cubren aproximadamente el 86% del costo real de generación, pero el incremento de las tarifas ha disparado una morosidad en los hogares que compromete la capacidad de las distribuidoras para cumplir con CAMMESA.
Con sus cuentas en orden, la EC SAPEM enfrenta este panorama crítico con una posición más desahogada, mientras distribuidoras de provincias vecinas y grandes operadoras del AMBA luchan por no caer en default mayorista.
El factor más importante es que la firma catamarqueña no arrastra el lastre de deudas multimillonarias de años anteriores, por lo no debe destinar una parte de su recaudación a pagar cuotas de refinanciación. EC SAPEM no tiene que trasladar a la tarifa los costos financieros de sus planes de regularización de deuda, como deben hacer, por ejemplo, EDET (Tucumán) o EJE SA (Jujuy).
La distribuidora catamarqueña, que es gestionada por el Estado, figura en los registros de CAMMESA como una de las que mantiene sus obligaciones corrientes al día.
Esto le permite a la Provincia acceder a programas federales de infraestructura y energías renovables vedados para las empresas morosas y a incentivos como notas de crédito y prioridad en el despacho de fondos para obras, que están bloqueados para las provincias con deudas pendientes.
No obstante, la presión financiera sigue siendo importante debido a la política nacional de quita de subsidios. El fuerte incremento en el precio estacional de la energía dictado por la Secretaría de Energía de la Nación impacta directamente en la facturación de la firma.
A partir de este mes rigen nuevos valores. Para los usuarios de ingresos altos (N1) y comercios, el costo refleja casi la totalidad del precio de generación, mientras que los sectores N2 y N3 sufrirán reducciones drásticas en sus niveles de bonificación.
Con facturas que se aproximan a reflejar el costo real de la energía, el riesgo de que los usuarios catamarqueños dejen de pagar es la principal amenaza para la cadena de pagos de la empresa. Es el mismo problema que el del resto de las distribuidoras, que abre la posibilidad de que se afiance y agrave el fenómeno de los “colgados”.