El PRO-macrismo rompió el receso de verano para lanzar una campaña de movilización en todos los distritos del país, que culminará con una cumbre nacional en el mes de marzo.
Mauricio Macri reapareció el jueves en dos sesiones por zoom con la mesa chica del partido y la llamada Mesa Federal. Desplazó la oficina ejecutiva del partido y colocó en ese cargo al diputado Fernando de Andreis. Ese jerarca acompaña a Macri desde siempre, fue su secretario general de la presidencia y fue elegido en octubre pasado como el representante más cercano a él en el Congreso.
Esta aparición de Macri desde algún lugar del planeta (dejó la residencia de Cumelén, pasó por la Banda Oriental y registró una aparición en Bologna, Italia) para convocar a sus leales y lanzarlos a una movilización, tiene por objetivo presentar en las elecciones nacionales de 2027 una opción presidencial.
La iniciativa, que viene discutiendo con sus allegados desde hace tiempo, no supone que revea su negativa a ser de nuevo candidato a presidente. La circunstancia personal de su separación despertó cierta esperanza en los macristas más leales.
Había dicho que no podía ser candidato porque su mujer Juliana lo echaría de la casa. ¿Se separó para ser candidato o le levantaron tarjeta roja por la misma razón? Uno de sus consejeros más estrechos sepultó la posibilidad con una frase hecha: «la separación es condición necesaria, pero no suficiente”.
Otra elección de tres tercios
El ensayo de la proyección 2027 puede ser la búsqueda del outsider que le atribuyen a Macri estar buscando para ser candidato de su fuerza. Este lanzamiento supone algunas premisas que comparte con su mesa chica:
1) la experiencia de las elecciones de 2025 prueba que La Libertad Avanza no tiene ningún interés en una alianza con el PRO que no suponga sumisión absoluta al núcleo neomenemista de poder de Milei;
2) los no alineados de las provincias necesitarán en 2027 una fórmula presidencial de la cual colgar candidatos a legisladores nacionales;
3) el PRO debe desplegarse territorialmente abierto a la composición de alguna alianza como la que integró con éxito entre 2015 y 2025;
4) la naturaleza de las elecciones de 2027 tendrá un gran parecido a la de 2023.
En esas elecciones el peronismo representó a un 36,78% del electorado, LLA el 29,29% y Cambiemos el 23,81%. Este formato de confrontación por tercios pone a cualquiera de las tres fuerzas en posición de entrar al balotaje.
Sendero de contradicción
Como todos los movimientos de Macri, este proyecto camina por el sendero de la contradicción. En las reuniones del jueves que presidió Mauricio estaba el diputado Cristian Ritondo, presidente del interbloque Fuerza del Cambio, que integran el PRO, un sector de la UCR, el MID, la unipersonal radical Karina Banfi y el santacruceño José Luis Garrido.
Son 22 diputados, la tercera fuerza del Congreso, que ha apoyado al oficialismo mileísta en todas las ocasiones de riesgo. En diciembre pasado cerraron de urgencia un acuerdo con el oficialismo, representado por el ex macrista Diego Santilli, para respaldar el presupuesto y los proyectos de reforma laboral y del código penal. Ese apoyo era a cambio del compromiso de integrar legisladores de ese interbloque en las comisiones de la nueva legislatura.
El oficialismo quebró el acuerdo al promover una integración de la Auditoría General de la Nación que excluyó al candidato del PRO, el exministro Jorge Triaca, uno de los asesores principales de Macri. Ahora le toca al gobierno cumplir con la integración de las comisiones. Las dos que deben cubrirse con urgencia son la bicameral de vigilancia del sistema de Inteligencia y la que revisa los Decretos de Necesidad y Urgencia.
Este interbloque tiene candidatos importantes para esas dos bicamerales. Entre ellos el mismo Ritondo, al que querían ver presidente de la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, y Oscar Zago, que ha presidido hasta ahora la Bicameral de Trámite Legislativo.
Poliamores porteños
Le agrega perplejidad a este lanzamiento el pacto de poliamores – o de cuernos consentidos- entre macristas y larretistas. Algunos los integrantes del interbloque de Ritondo, que se sentó el jueves junto a Macri en las reuniones del PRO nacional, respaldan abiertamente el proyecto de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires.
Dos de ellos, Oscar Zago y Álvaro González pertenecen a la mesa chica del larretismo porteño. Este sector tiene siete diputados en la Legislatura porteña en un bloque que preside Emmanuel Ferrario, y que integran además legisladores del sector de Graciela Ocaña y del MID que conduce Zago.
Los bloques de Ritondo, que es Macri, y el de Ferrario, que es Larreta, solapan electorados. Pero es esperable que esta caminata como compañeros de ruta no dure mucho. A menos que: 1) Macri y Larreta escondan algo que el público no conoce; 2) que prefieran la simulación de convivencia por su dificultad de sincerar las diferencias en público.
Política en estado gaseoso, más que líquido
Este acuerdo lo remiten a los protagonistas a un entendimiento que alcanzaron Larreta, Ritondo, Álvaro González y Zago en diciembre pasado. Nadio lo vio por allí a Macri, que consiente en silencio.
No extraña esta dualidad que se replica en todas las formaciones políticas, afectadas por la fragilidad de los liderazgos que no pueden contener las contradicciones internas y deben tolerar las consecuencias de una sociedad en estado en estado gaseoso más que líquido.
Esa volatilidad gaseosa fomenta el cuentapropismo, el transfuguismo y el borocoteo de quienes son elegidos para ser oposición y hacen oficialismo. Este fenómeno afecta a todas las familias políticas, que duplican su representación en las legislaturas – dos radicalismos, dos PRO, varios peronismos-.
El fenómeno no es nuevo. Se inició en 2023 con el estallido de las coaliciones mayoritarias, que fueron derrotadas por el ballotage. El sistema institucional le abrió el camino a Milei, que ahora se esfuerza por construir una familia política que participe de la disputa de tercios. No hay extrañarse, después, del fenómeno de la abstención de un electorado confundido por sus dirigentes.
En las elecciones provinciales de 2025, el promedio de participación electoral fue el más bajo desde 1983, un promedio da 59,49%. En las generales del 26 de octubre también la participación fue la menor del ciclo de la Transición, un 67,85% (datos del Centro de Investigación para la Calidad Democrática, CICaD).
Este acuerdo porteño es consecuencia de que el macrismo y el larretismo tienen identidad de programa, pero tienen fracturado el liderazgo y el control territorial. Por esa fragilidad es que LLA les ganó las elecciones legislativas al PRO macrista y al larretismo. Esa elección en la ciudad fue una radiografía de la descomposición partidaria: el mileísta Adorni sacó el 30% de los votos (15% sobre el total del padrón) y la abstención alcanzó un récord histórico: 47%.
Proyectos para hacer campaña
El acuerdo entre el bloque de Ritondo con el oficialismo a cambio del apoyo al presupuesto y a las reformas laboral y del código penal revela también que el gobierno dedicará el año legislativo a plantear confrontaciones de superficie con la oposición como parte de la campaña por la reelección de Milei, que es hoy el único objetivo político.
El acuerdo se cerró con los diputados sin que se conozcan detalles de la reforma laboral, que recién se discutirá en febrero en el Senado. El interés del gobierno es confrontar con el peronismo y el sindicalismo reviviendo las batallas que libró el radicalismo de los años ‘80 y la Alianza entre 1999 y 2001.
No importa el contenido de la reforma sino la batalla en sí para polarizar con la oposición del peronismo, herida en su territorio y en su liderazgo. Gobierna menos provincias que nunca y su conducción, encapsulada en la provincia de Buenos Aires, padece las consecuencias del desprestigio y los compromisos judiciales de la familia Kirchner.
Se conforman con poco
El desinterés por el contenido de la reforma se expresa en la demora en cerrar la letra de lo que se llevará al Senado en febrero. Quienes manejan el asunto en el oficialismo y la oposición hablan de una reforma que copia en un 70% la que el gobierno de Macri había acordado con la CGT entre 2018 y 2019.
Ese proyecto se concentraba en la modernización de las modalidades que afectan a los derechos individuales. Los otros tres capítulos de la reforma el gobierno los negociará a la baja, con tal de que se apruebe el primer capítulo.
Les interesa más el proselitismo que la gestión, como a todos los gobiernos de minoría. Esos tres capítulos tratan de:
1) de los derechos colectivos -ultraactividad, negociación por empresa, etc.-. La CGT rechaza esta reforma y el gobierno sabe que, después de aprobada, terminaría en la justicia;
2) la organización sindical, obras sociales, cuota solidaria, etc., también rechazada por los sindicalistas;
3) el capítulo fiscal de la reforma, que detrae fondos a las provincias y al sistema previsional. Es difícil que los gobernadores, a través de sus legisladores, apoyen la reducción de impuestos que hoy se coparticipan.
La creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) implica una detracción de fondos al sistema previsional para crear una caja que le permitirá al gobierno un mecanismo para direccionar hacia los negocios los fondos que se recaudan para fondear las jubilaciones. Los críticos de este tramo fiscal de la reforma laboral presumen que es un primer escalón hacia una reprivatización de las jubilaciones.
Reforma penal, otra pirotecnia
El pedido de apoyo a la reforma penal también busca montar una batalla con la oposición. El proyecto que ha enviado el gobierno al Congreso está en examen por parte de los colegios de abogados y las comisiones del Congreso.
La iniciativa persigue un endurecimiento penal, que reavive las batallas que planteó Sergio Massa antes de 2013 contra el proyecto de reforma del código penal que había elaborado la comisión Pinedo para la administración de Cristina de Kirchner.
Aquel proyecto fue denunciado como garantista por Massa, que disparó una campaña para juntar 1 millón de firmas para rechazarlo en el Congreso. Esa fue una de las herramientas para que el peronismo perdiera las elecciones de 2013 en manos de la oposición.
El actual proyecto tendrá el rechazo de sectores que consideran exagerado o inútil endurecer las penas, cuando la experiencia dice que no es la solución para los delitos. El proyecto que quiere cabalgar Patricia Bullrich busca el apoyo de los sectores medios sensibles a este tipo de campañas aun en países seguros.
La Argentina es uno de ellos. Según el Global Study on Homicide 2023 de la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), en el ranking de homicidios intencionales en América Latina y el Caribe, Argentina no figura individualmente. El puesto 14°, el último de la lista, lo ocupa Uruguay “y otros”, grupo dentro del cual se presume que está incluida la Argentina.
El Homicide Monitor, del Instituto Igarapé (Brasil) en su actualización de 2023, comenta —citando datos de la UNODC— que Argentina cuenta con el mayor número de provincias con los niveles más bajos de homicidios en América Latina y el Caribe. Específicamente, San Juan, La Rioja y Catamarca reportan tasas de homicidios por debajo de 2 por cada 100.000 habitantes.
En otro de los datos clave de su análisis, agrega que la Argentina es el país con la mayor proporción de ciudades entre las menos violentas, con 20 de ellas que tienen tasas por debajo de 3,4 homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes, incluyendo municipios como Corrientes, Tigre y Salta.
El sueño carcelario de Patricia
Los críticos de esta reforma en la academia guardan silencio para no picar el anzuelo proselitista del gobierno, que quiere aprovechar estos proyectos para polarizar y reforzar el plan de reelección de Milei.
Consideran que podrán convencer a los legisladores de moderar los extremos de un proyecto que creen invotable porque aumenta irracionalmente las penas, al extremo de que el 70% de los delitos pueden merecer cárcel en un país con déficit de cárceles y que criminaliza desde meras infracciones de tránsito (conducir con exceso de velocidad o habiendo ingerido alcohol) hasta atentar contra la estabilidad fiscal y monetaria.
El penalista Marcelo Sancinetti ha sido el primero que abrió fuego. Este prestigioso abogado se demarcó del proyecto y afirmó: “No se trata, tan sólo, de que no esté demostrado empíricamente que la gravedad de las penas tenga incidencia sobre el potencial disuasorio del Estado sobre aquel propenso al delito (tal como se suele oír). Más bien sí está demostrado empíricamente lo contrario, que la mayor gravedad de las penas no tiene ninguna incidencia sobre la comisión de delitos, ni sobre su grado de su crueldad, ni sobre su frecuencia. (…) La configuración de leyes penales de severidad atroz y redactadas por personas incompetentes no produjo ninguna disminución (de 2004 a hoy) en la criminalidad cotidiana (…) La severidad no disuadió, fracasó. La severidad sólo comunica el mensaje de que nuestro derecho penal será cruel. (Palabras del Derecho, 3 dic 2025).