El ministro Luis Caputo aclaró que las multas automáticas incluidas en la ley de Inocencia Fiscal tendrán graduaciones y preavisos.
Las modificaciones propuestas por el Gobierno sobre el pago de multas en el proyecto de Inocencia Fiscal que se debate en el Congreso generó un reclamo de parte de profesionales en temas impositivos. Desde el Blog del Contador (BDC) realizaron un cuestionamiento público, a través de la la red social X, sobre qué ocurrirá con las multas previstas en el proyecto y si existe la posibilidad de modificaciones en el Senado o mediante una reglamentación que atenuara esos montos. La respuesta llegó horas después de parte del ministro de Economía, Luis Caputo, quien dijo haber comprendido los cuestionamientos y anunció cambios en la instrumentación del nuevo régimen.
Según explicó el ministro, tras dialogar con el equipo de ARCA se resolvió avanzar en una reglamentación que modifique el esquema de sanciones automáticas. En lugar de intimar y aplicar multas de manera inmediata una vez vencido el plazo para presentar declaraciones juradas, el organismo enviará primero un recordatorio con un margen de entre diez y quince días hábiles. Solo si el contribuyente no regulariza su situación dentro de ese período, se procederá a la intimación formal y a la eventual sanción económica.
Graduación de multas
Otro punto central será la graduación de las multas. ARCA evaluará la cantidad de días de demora en la presentación para determinar sanciones menores en los casos de incumplimientos ocasionales, diferenciándolos de conductas reiteradas o sistemáticas. “La idea es no aplicar automáticamente una medida inflexible”, señaló el ministro, al tiempo que remarcó que el objetivo es fomentar el cumplimiento voluntario sin “ahogar al sector privado”.
El intercambio se da en el marco del tratamiento del proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados y ahora debe ser analizado por el Senado. La iniciativa forma parte del paquete de reformas impulsado por el Poder Ejecutivo para simplificar el sistema tributario y reducir la litigiosidad, poniendo el acento en los errores formales y en la presunción de buena fe de los contribuyentes.
Entre sus lineamientos generales, el proyecto busca limitar la aplicación de sanciones penales y administrativas en casos de incumplimientos formales o de baja significación económica, especialmente cuando no exista intención de evasión. También apunta a dar mayor previsibilidad al vínculo entre el fisco y los contribuyentes, promoviendo mecanismos de corrección temprana antes de avanzar con castigos económicos.
La aclaración del ministro y la futura reglamentación anunciada aparecen como una señal de apertura frente a los reclamos del sector profesional, que advertía sobre el riesgo de que multas automáticas elevadas afectaran a pymes y monotributistas por simples demoras administrativas. Con el debate aún abierto en el Congreso, el alcance final de la Ley de Inocencia Fiscal y su implementación concreta serán claves para medir si el nuevo esquema logra equilibrar control, recaudación y alivio para la actividad privada.