martes, 23 de diciembre de 2025 14:55
La Justicia federal dio un nuevo paso en la investigación sobre Sur Finanzas, la financiera ligada al mundo del fútbol argentino y al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, procesó con prisión preventiva bajo modalidad domiciliaria a Micaela Sánchez, tesorera de la firma, y a dos empleados, acusados del delito de encubrimiento agravado.
La resolución se inscribe en una de las cinco causas que investigan presuntas maniobras de lavado de activos, fraude y evasión fiscal vinculadas a la empresa propiedad de Ariel Vallejo, un empresario con estrechos vínculos con dirigentes del fútbol nacional.
El hecho que derivó en el procesamiento ocurrió el pasado 11 de diciembre, tras un llamado anónimo que alertó sobre movimientos sospechosos en un galpón ubicado sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 11.800, en la localidad bonaerense de Turdera. Al arribar al lugar, efectivos de la Policía Federal encontraron a Sánchez junto a Sergio Da Silveira y Juan Cervín manipulando cajas con documentación contable, computadoras y cinco teléfonos celulares que estaban ocultos en una camioneta.
Durante el operativo se secuestraron numerosas cajas con papeles de la financiera, siete cajas fuertes —cuatro de gran tamaño—, posnets, material informático y equipamiento médico. Los tres detenidos fueron indagados y optaron por no responder preguntas, aunque presentaron descargos por escrito. En su defensa, Sánchez sostuvo que actuaba para no perder su trabajo y negó haber intentado ocultar o destruir pruebas.
La fiscal federal Cecilia Incardona ofreció en dos oportunidades que los imputados se acogieran al régimen del imputado colaborador, pero ambas propuestas fueron rechazadas. Finalmente, el juez Armella consideró acreditados los riesgos procesales y dictó el procesamiento con prisión preventiva, aunque dispuso que la medida se cumpla de manera domiciliaria.
La investigación sobre Sur Finanzas se extiende a cinco expedientes radicados en distintos juzgados federales y en el fuero penal económico. Según la pesquisa, la financiera habría operado mediante préstamos a clubes de fútbol, patrocinios deportivos y el uso de billeteras virtuales y criptomonedas para el movimiento de fondos. La causa principal se originó a partir de una denuncia de la DGI en noviembre de 2025, que estimó una evasión fiscal superior a los 3.327 millones de pesos.
En el marco de la investigación ya se realizaron más de 70 allanamientos, que incluyeron sedes de la AFA, la Liga Profesional y al menos 18 clubes de Primera División y del ascenso. Si bien Claudio Tapia y el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, no se encuentran procesados en este expediente, su vínculo con Vallejo es considerado clave por los investigadores, dado el rol de la financiera como prestamista y sponsor de numerosos clubes con serias dificultades económicas.