jueves, 20 de noviembre de 2025 16:50
El bloque Convicción Federal presentó un nuevo proyecto de ley para su análisis legislativo con el objetivo de actualizar y modificar parte del marco normativo que regula el funcionamiento de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplaza legalmente a la ex AFIP. La propuesta introduce cambios en el financiamiento de la entidad, en la distribución de excedentes recaudados y en el sistema interno de jerarquización del personal.
El proyecto establece que la Agencia se financiará, entre otros ingresos, con el 1,90% de la recaudación neta total de los gravámenes y recursos aduaneros bajo su órbita. A ese fondo se sumarán ingresos provenientes del Presupuesto Nacional, comisiones por remates, prestaciones a terceros, venta de publicaciones y cualquier aporte por legado, donación u otra norma.
Uno de los puntos más relevantes se encuentra en el artículo 2, que incorpora un nuevo mecanismo de transferencia automática de fondos. Una vez descontados los gastos operativos, el 50% de los recursos no utilizados de cada mes será distribuido entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según los porcentajes de la Ley 23.548. La transferencia deberá realizarse dentro de los primeros cinco días del mes siguiente.
Además, al cierre de cada ejercicio anual, la totalidad de los fondos no utilizados también deberá remitirse automáticamente a las jurisdicciones, bajo el mismo esquema de reparto.
El objetivo —según detallan los fundamentos— es evitar la acumulación de fondos ociosos pertenecientes a las provincias y CABA, que en ocasiones pasaban al ejercicio siguiente sin ser girados.
El proyecto también modifica el funcionamiento de la “Cuenta de Jerarquización”, que reparte fondos entre el personal del organismo. Se fija un piso obligatorio del 0,75% y un máximo del 1% de la recaudación neta total. El porcentaje será determinado por el Director Ejecutivo, y los criterios de distribución se establecerán según parámetros objetivos de rendimiento y eficiencia.
La iniciativa propone derogar los artículos 1°, 4° y 16 del Decreto 1399/2001, que habían sido dictados bajo delegación legislativa de la Ley 25.414. El fundamento legal para la derogación se basa en lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley 26.122, que habilita expresamente al Congreso a derogar normas legislativas emitidas por el Poder Ejecutivo.
En su exposición de motivos, el proyecto asegura que la actualización normativa resulta “necesaria” y responde al objetivo de modernizar el sistema de financiamiento del organismo recaudador, garantizar la transferencia inmediata a las jurisdicciones y dar previsibilidad al funcionamiento administrativo. Por ello, solicita el acompañamiento del resto de los legisladores.