La gestión del presidente Javier Milei implementó una política de reducción del sector público nacional que eliminó 59.802 puestos de trabajo entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). La cifra representa una caída del 17,4% en la dotación de personal del Estado nacional y equivale a más de 85 despidos por día durante ese período.
El impacto de esta política de ajuste también se siente en provincias como Catamarca, donde organismos nacionales con presencia territorial redujeron su personal. La reducción en ANSES, SENASA, INTA y otros organismos afectó la prestación de servicios esenciales en el interior del país, particularmente en zonas rurales y localidades alejadas de los centros urbanos donde la presencia del Estado es fundamental para garantizar derechos sociales y acompañar el desarrollo productivo.
El relevamiento del CEPA analizó la dinámica del empleo en la Administración Pública Nacional, las empresas y sociedades del Estado y reveló que el recorte fue persistente durante todos los meses de la gestión libertaria. El ajuste alcanzó a organismos descentralizados, empresas públicas, la administración centralizada y desconcentrada, afectando áreas estratégicas del Estado.
En términos absolutos, los organismos descentralizados concentraron la mayor cantidad de despidos con 26.386 cesantías, lo que representa una reducción del 19,29% de su planta. Le siguieron las empresas y sociedades del Estado con 19.923 desvinculaciones, equivalentes al 18,07% de su dotación. La administración centralizada registró 9.509 despidos, la administración desconcentrada 2.605 y otros entes 1.379 cesantías.
Correo Argentino
El caso más significativo en el sector de empresas públicas fue el del Correo Argentino, que encabezó el listado con 5.118 despidos. Esta situación afecta funciones esenciales que exceden el envío de correspondencia, ya que el Correo garantiza la conectividad territorial, presta servicios en zonas desatendidas por operadores privados y cumple un rol logístico clave para el Estado, incluyendo la distribución de DNI, medicamentos, materiales educativos y el soporte de los procesos electorales.
Le siguió la Operadora Ferroviaria con 3.265 cesantías, en el marco de un retroceso en el desarrollo del sistema ferroviario que incide directamente en los costos logísticos y el crecimiento de las economías regionales. El Banco Nación registró 2.033 desvinculaciones en un contexto donde el Gobierno expresó su voluntad de avanzar hacia su privatización. Aerolíneas Argentinas, a cargo de interconectar el país, contabilizó 1.856 despidos.
En términos proporcionales, el recorte más drástico se produjo en la ex Télam, donde se despidió al 79% del personal con 640 desvinculaciones. Esta medida representa la virtual extinción operativa de la agencia nacional de noticias y un ataque directo a la pluralidad informativa y a la capacidad del Estado de producir contenidos propios con una mirada federal. Le siguieron ENARSA Patagonia con una reducción del 66,7%, Educar con 60,5% y Contenidos Públicos con 44% de recorte en sus planteles.
En el ámbito de la Administración Pública Nacional, el caso más significativo fue el de ARCA con 3.186 puestos de trabajo eliminados. Este recorte masivo compromete el funcionamiento de un organismo clave para la recaudación, fiscalización y control administrativo del Estado. Le siguió el CONICET con 1.918 trabajadores menos, afectando la continuidad de líneas de investigación vinculadas a problemáticas críticas como salud, ambiente, energía y soberanía alimentaria.
ANSES perdió 1.559 trabajadores, lo que afecta la atención al público y la gestión de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y programas sociales. El ENACOM registró 818 desvinculaciones, limitando su capacidad de fiscalizar el uso del espectro radioeléctrico y promover políticas de conectividad. El INTI sufrió una reducción de 774 trabajadores, impactando sobre la asistencia técnica a pymes y el desarrollo de normas de calidad.n