La excusa más insólita

La respuesta de Vialidad Nacional ante la demanda judicial impulsada por la Municipalidad de Azul, en la provincia de Buenos Aires, por el estado calamitoso de la Ruta Nacional 3, resulta verdaderamente insólita. En un documento que pretende tener tono técnico y jurídico, el organismo niega, contra toda evidencia, lo que cualquier conductor, transportista o vecino del centro bonaerense sabe de memoria: que la Ruta 3 está destruida.

La contestación oficial sostiene, con una frialdad que roza la provocación, que “las acusaciones de Azul son livianas y sin sustento probatorio” y que “la ruta no presenta deformaciones, pozos, falta de señalización o banquinas en mal estado”. Una afirmación que no resiste el menor análisis ni siquiera visual, pues bastan unos pocos kilómetros de recorrido para comprobar el abandono.

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El Estado sigue siendo el responsable legal, administrativo y moral de garantizar que sus caminos y rutas no sean trampas mortales. El Estado sigue siendo el responsable legal, administrativo y moral de garantizar que sus caminos y rutas no sean trampas mortales.

Pero lo más insólito del caso no es la negación de lo evidente, sino el argumento político, que es en realidad una excusa, que Vialidad introduce en su defensa. Según el organismo, como el actual Gobierno nacional ganó en ese distrito con una propuesta de abolir la obra pública, la discusión sobre el rol del Estado “fue zanjada”. Es decir, que el resultado electoral habilitaría al Estado a desentenderse de sus obligaciones más elementales, incluso las que hacen a la seguridad vial y la vida de las personas.

Javier Milei, es cierto, dijo durante su campaña presidencial que “no hay plata” para la obra pública y que sería reemplazada por un sistema de iniciativa privada. Pero lo que no dijo -y mucho menos puede sostener el Estado en sede judicial- es que mientras eso no ocurra (y no ha ocurrido), las rutas nacionales pueden quedar libradas a su suerte. El Estado sigue siendo el responsable legal, administrativo y moral de garantizar que sus caminos no sean trampas mortales.

No por casualidad, la respuesta de las organizaciones Vecinos Autoconvocados de Azul, Autovía Ya y Estrellas Amarillas fue contundente. En un comunicado señalaron: “Lamentamos la postura del mencionado Ente Nacional por la seguridad vial; no es más que el desprecio por la vida y una ofensa a los familiares de las víctimas de siniestros viales, con Argentina como uno de los países que tristemente lidera la cantidad de fallecidos por año en siniestros viales evitables, siendo el déficit estructural de las rutas nacionales uno de los factores de riesgo que atenta contra la seguridad de los usuarios que la transitan”. Y añadieron: “Repudiamos que Vialidad Nacional intente justificar la inacción de su parte con argumentos ideológicos o políticos e intente culpar a la sociedad por la irresponsabilidad al manejar en la Ruta del incremento de la siniestralidad vial”.

Está claro que no existe resultado electoral, programa económico ni dogma ideológico que exonere a un gobierno de cuidar la vida de sus ciudadanos. Mucho menos puede esgrimirse semejante argumento en una contestación judicial a un reclamo formulado con justicia por un intendente que representa el sentir de toda una comunidad.