Los que pagan el precio del ajuste según la ONU

El reciente informe del Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier De Schutter, ofrece una radiografía incómoda de la Argentina actual. Según sus conclusiones, “son las personas en situación de pobreza quienes están pagando el precio más alto por el restablecimiento del equilibrio fiscal” del gobierno de Javier Milei. La afirmación echa por tierra uno de los pilares discursivos del oficialismo: que el ajuste lo paga la “casta política”.

El documento, titulado “El populismo de ultraderecha y el futuro de la protección social”, analiza las nuevas expresiones de las extremas derechas en el mundo -en Europa, Estados Unidos y, ahora, en la Argentina- y revela como patrón común la estigmatización de los sectores vulnerables, la reducción de los beneficios sociales y la exaltación de una presunta meritocracia que en realidad consolida un orden desigual. De Schutter advierte que, “en nombre de la austeridad”, el Gobierno argentino “ha reducido la cobertura de medicamentos. La inversión pública se ha detenido: ya no se construyen escuelas, jardines infantiles, centros de salud, hospitales ni viviendas”. En consecuencia, las personas en situación de pobreza “están pagando el precio más alto por el restablecimiento del equilibrio fiscal”.

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La austeridad sin horizonte social es un camino de empobrecimiento colectivo. Y la sustitución del Estado por el mercado refuerza las asimetrías preexistentes. La austeridad sin horizonte social es un camino de empobrecimiento colectivo. Y la sustitución del Estado por el mercado refuerza las asimetrías preexistentes.

El concepto de “casta política” fue una categoría política eficaz desde el punto de vista electoral, pero vacía de contenido real. Sirvió para canalizar el malestar social hacia un enemigo difuso, una abstracción sin contornos precisos, que abarcaba tanto a la dirigencia tradicional como a todo aquel que cuestionara el dogma libertario. Pero, en la práctica, no hay un grupo social identificable como “casta política” que esté sufriendo los rigores del ajuste. Los recortes presupuestarios, la caída del consumo, la paralización de la obra pública y la disminución de los programas sociales afectan, antes que a nadie, a los sectores populares.

El informe de la ONU también ubica el fenómeno argentino dentro de un marco global. Los gobiernos de extrema derecha han crecido impulsados por una profunda insatisfacción democrática. Una porción importante de la ciudadanía descree de la política, de los partidos, y busca alternativas rupturistas. Pero estos proyectos se han mostrado ineficientes para resolver las frustraciones. Al contrario, las agravan. Deterioran el prestigio de las instituciones, amplían la brecha entre ricos y pobres y profundizan la sensación de desamparo.

La austeridad sin horizonte social es un camino de empobrecimiento colectivo. Y la sustitución del Estado por el mercado, lejos de garantizar igualdad de oportunidades, refuerza las asimetrías preexistentes. Por eso, siguiendo la lógica del razonamiento del informe de De Schutter, resulta imperioso que los Estados reconstruyan mecanismos de redistribución de la riqueza “mediante las políticas fiscales y de transferencias típicas de los Estados del bienestar sólidos”. Es decir, un giro rotundo respecto de las políticas actuales.

En última instancia, el desafío no es destruir al Estado en nombre de una cruzada contra una “casta” imaginaria, sino transformarlo para que vuelva a cumplir su función esencial, que es proteger a los más débiles.