El juez federal Guillermo Andrés Díaz Martínez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, ordenó que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restituya todas las pensiones no contributivas por discapacidad suspendidas en el país y devuelva los montos retenidos. La medida tiene alcance nacional y debe ejecutarse en un plazo de 24 horas.
La medida fue adoptada en el marco de la acción de amparo colectivo iniciada por el Defensor del Pueblo y asociaciones vinculadas a la defensa de los derechos de personas con discapacidad, tras la suspensión masiva de pensiones motivada por auditorías impulsadas por el Ejecutivo nacional.
Según la sentencia, se acreditó que la causa involucra intereses individuales homogéneos, es decir, situaciones particulares pero generadas por un mismo hecho administrativo: la suspensión del beneficio. Por esa razón, el magistrado extendió la cautelar a todo el territorio nacional y ordenó a la ANDIS:
- Restablecer la totalidad de las pensiones suspendidas y/o retenidas.
- Pagar los montos adeudados.
- Abstenerse de iniciar nuevas suspensiones o auditorías basadas en el Decreto 843/2024, hasta la sentencia definitiva.
Además, el tribunal otorgó la representación adecuada del colectivo a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFaDiM) y a la Asociación Azul, quienes actuarán en defensa del grupo afectado durante el trámite judicial.
La sentencia también ordena la inscripción del caso en el Registro Público de Procesos Colectivos y la notificación a la Cámara Federal de Tucumán, donde tramita un incidente de apelación vinculado a la medida.
Contexto
El Decreto 843/2024 había habilitado a la Agencia Nacional de Discapacidad a revisar y suspender pensiones no contributivas bajo nuevos criterios administrativos. Organizaciones civiles cuestionaron que la aplicación del decreto dejó a miles de beneficiarios sin ingresos, sin debido proceso y sin notificación previa.Con este fallo, el juzgado catamarqueño decidió extender la protección cautelar a todas las personas afectadas en el país, hasta tanto exista una resolución definitiva.