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Fallo con proyección federal
El juez federal señaló los peligros de que la situación se dilate para un colectivo especialmente vulnerable y advirtió que el caso puede tener efecto expansivo.
En la tarde de ayer, se dio a conocer que el juez federal Guillermo Díaz Martínez ordenó que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restituya, en un lapso de 24 horas, las pensiones suspendidas a todos los afectados de la provincia. De esta manera, el abogado dio lugar a la medida cautelar presentada por la Asociaciones de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFADIM), patrocinada por el defensor del Pueblo, Dalmacio Mera.
En este marco, Díaz Martínez brindó una entrevista telefónica con C5N y se refirió al fallo que ya alcanzó repercusión nacional: «Esto se da dentro de un contexto nacional que ha sido cuestionado a lo largo y ancho del país por la forma en la que se han suspendido las distintas pensiones no contributivas por invalidez», explicó y al tiempo señaló que las suspensiones se llevaron a cabo «de manera masiva» en el marco del Decreto 834/24. Sin embargo, la cautelar se originó producto del «sinfín de situaciones fácticas» en las que se llevaron a cabo las suspensiones. «Por ejemplo, hubo personas que se han anoticiado de que no tenían más esta pensión porque los haberes no fueron depositados en sus cuentas, o porque debían ir al correo a retirar los telegramas, los cuales tenían un lenguaje técnico muy complicado para el común de la gente», cuestionó el abogado.
Siguiendo con este punto, Martínez aseguró que la medida cautelar responde a la «verosimilitud del derecho de este colectivo» y, a su vez, señaló que la «Defensoría del Pueblo junto con APYFADIM tienen la legislación necesaria para representar al colectivo». En referencia a los plazos, el abogado señaló el peligro de que la situación se dilate, sobre todo, al ser un colectivo vulnerable como es el de las personas con discapacidad «que no pueden esperar a que esto tenga una resolución administrativa o judicial sin que se dé una respuesta clara». Asimismo, aseguró que uno de los objetivos del fallo es «saber si estos actos administrativos se han sujetado al procedimiento legal y constitucional, si han dado oportunidad de defensa a las personas con discapacidad, es decir, si han respetado todo el marco de legalidad».
Respecto al rol del Estado en esta situación, Martínez fue contundente: «Es el Estado el que tiene que responder y explicar la situación, y no las personas con discapacidad». Y luego profundizó: «Es el Estado el que está en las mejores condiciones para responder y explicar en cada caso por qué ha suspendido, y si lo ha suspendido correctamente será así. Pero en los otros casos tendrá que demostrar que ha actuado con razonabilidad». Asimismo, remarcó que espera la respuesta de la Corte Suprema sobre la cautelar para poder entrar en el fondo del asunto. «Lo que sí está claro es el amparo, por la verosimilitud del derecho y por el peligro en la demora», señaló.
Fuera de lo jurídico, el abogado fue consultado acerca de si este caso puede generar un precedente en el país. «Si yo logro inscribir el proceso colectivo de Catamarca, puedo entrar a resolver el problema de fondo. ¿Esto qué implica? Que no solo van a estar los pensionados de la provincia, sino todos los pensionados del país. Porque el colectivo de los pensionados es uno solo, no hay uno catamarqueño, uno riojano o uno tucumano. Si uno escribe un proceso colectivo tiene efecto expansivo a todo ese colectivo», indicó y luego respondió de forma categórica: «Este caso, si se inscribe como colectivo, va a tener un impacto nacional, ya sea desde Catamarca u otra provincia», concluyó.