La Justicia ordenó el «cese inmediato» de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno y atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La decisión fue celebrada por el Gobierno, que la interpretó como un reconocimiento a una «violación grave a la privacidad institucional». El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello dictó una medida cautelar que prohíbe la publicación del material anunciado el pasado 29 de agosto. La resolución ordena el cese de la difusión «a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web». La oposición denunció que se trata de «censura previa».
Para garantizar el cumplimiento de la medida, el fallo dispone que se envíe un oficio con habilitación de días y horas inhábiles al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). El vocero presidencial, Manuel Adorni, se hizo eco de la noticia en sus redes sociales y aseguró que la Justicia «reconoció que se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión».
La medida busca frenar la polémica iniciada el viernes pasado con la filtración de un breve clip en el que se escuchaba a la hermana del Presidente pedir «unidad» en la interna libertaria. Quienes difundieron ese material habían advertido que se trataba solo de un adelanto, lo que habría motivado esta rápida acción judicial por parte del oficialismo.
El presidente Javier Milei calificó como una «operación de inteligencia ilegal» a la filtración de audios grabados a su hermana. El Gobierno denunció que se trata de una maniobra con el fin de «desestabilizar al país en plena campaña electoral». El Gobierno sostiene que «se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar».
Varios dirigentes de la oposición destacaron que se trata de un episodio de «censura previa», prohibida por la Constitución Nacional. «Es un fallo exprés a medida y pedido del Gobierno, con una cautelar sin plazo alguno. El juez ni siquiera escuchó los audios de Karina Milei y decidió prohibirlos ‘por las dudas’. Como si eso fuera poco, Patricia Bullrich pide allanar medios y periodistas. ¿Qué sigue? ¿Quemar imprentas?», se preguntó Maximiliano Ferraro, líder de la Coalición Cívica.
Martín Lousteau, de la UCR, aseguró que «el pedido de allanamiento a un canal y a periodistas por parte de Patricia Bullrich es un acto de autoritarismo sin precedentes y un ataque a la democracia», remarcó. También hubo posteos del titular de la bancada de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, entre otros.
El juez tiene denuncias por abuso sexual
El juez federal Alejandro Patricio Maraniello, responsable de la prohibición sobre la difusión de supuestos audios vinculados a Karina Milei, enfrenta nueve denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado. Maraniello fue notificado la semana pasada y cuenta con un plazo legal de veinte días para ejercer su defensa por escrito ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura.
La dimensión de las acusaciones llevó a la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación a solicitar la presencia policial dentro del Juzgado. Los expedientes abarcan desde abuso de poder hasta uso indebido de recursos públicos. Una denunciante declaró que asistió a un encuentro con el magistrado fuera del horario laboral por temor a perder su empleo, relató haber sido sometida a tocamientos y besos no consentidos, y que se vio obligada a mantener relaciones sexuales solo para terminar con la situación.