domingo, 24 de agosto de 2025 00:57
Una vieja denuncia impulsada sin mayores fundamentos, reapareció en el camino de la empresa Río Tinto (RIO), la segunda minera del mundo, pese a que las supuestas irregularidades que señala no corresponden a la actual administración.
De todas maneras, la firma que trabaja en Catamarca apelará a una decisión judicial, que dictó un procesamiento sobre Minera del Altiplano, sociedad que opera en el proyecto de litio Fenix.
Ese procesamiento surge de una denuncia que investiga exportaciones de carbonato de litio realizadas durante el 2022 y 2023, que presuntamente se realizaron con valores por debajo de los precios de referencia.
En aquellos años, la sociedad era controlada por Livent, que en 2023 se fusionó con Allkem para conformar Arcadium Lithium. Luego en 2024 fue adquirida por Rio Tinto, que hereda este contratiempo con la Justicia argentina.
Rio Tinto aseguró que los cargos “carecen de fundamento” y sostiene “firmemente que no se ha cometido ninguna irregularidad”. Según la empresa, que ya se consolidó como la mayor productora de litio del país, “los cargos se basan en planteos realizados por una persona sin vínculos directos con nuestra compañía, y no por las autoridades aduaneras, fiscales o cualquier otra autoridad”.
El denunciante es Pablo Rutigliano, fundador Cámara Argentina del Litio, que semanas atrás fue denunciado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) por operaciones sospechosas y posibles fraudes en el marco de Atómico 3, un emprendimiento que promete tokenizar reservas de litio mediante una criptomoneda.
Fragilidades
La denuncia a su vez muestra diversas fragilidades que el último fallo no advierte, como las fuentes utilizadas para comparar los precios y el hecho de que la comercialización del litio se realiza libremente sin un mercado internacional uniforme para este tipo de transacciones.
Sobre este tema, la empresa detalló en su momento que “las exportaciones fueron documentadas con estricto apego a lo sucedido, sin ocultar ni tergiversar dato alguno, poniendo a disposición de dicho organismo todos y cada uno de los elementos necesarios para clasificar y valorar la mercadería”.
Además, señaló que no hubo objeción de la Aduana, que autorizó las exportaciones: “Existió un control documental y físico por parte del Servicio Aduanero de las operaciones de la compañía, y “no se ha generado un perjuicio a la economía nacional, ni se ha generado un perjuicio a la balanza de pagos, ni se ha afectado la transparencia del tráfico aduanero o la recaudación de tributos”.