Con una reducción de presupuesto de 64% al funcionamiento de la Línea 144, el Gobierno Nacional marcó desde el año 2024 una línea de trabajo que repercutió negativamente en los servicios que se deben brindar a través de las llamadas a esa línea, sobre información, contención y asesoramiento en temáticas relacionadas con la violencia física, psicológica, sexual y económica, entre otras.
En la Línea trabaja la mitad de los operadores que antes, pasaron de 150 a cerca de 70, cuando en promedio, cada 30 horas una mujer es asesinada en un femicidio. Es una de las tantas facetas que conforman un sistema, que no da garantías a las víctimas. El caso mediático de Julieta Prandi y el juicio por abuso sexual y otros delitos que se lleva adelante contra su expareja, puso en relieve una serie de datos estadísticos que evidencian la problemática.
A nivel nacional, por ejemplo, solo dos de cada 10 mujeres que sufren violencia logran radicar sus denuncias pero luego de sufrir aproximadamente durante seis años, en silencio. Esta demora está dada por el desmantelamiento reciente de políticas públicas y recortes en programas de atención -como la línea 144-, que impactan negativamente en la contención y el acceso a la Justicia.
Además, la Nación eliminó 4 programas que trabajaban directamente contra la violencia de género, como el Programa de Apoyo Urgente ante violencias extremas, los Dispositivos Territoriales de Protección Integral, y el Programa Acompañar que tuvo una reducción presupuestaria de 90%.
150 femicidios
Desde enero de 2025 hubo 150 femicidios. Apenas 30 de ellas pudieron denunciar a su agresor. Abundan los relatos de víctimas -y psicólogos-, que aseguran que la mujer damnificada no denuncia cuando quiere sino que denuncia cuando puede, cuando pueden sortear situaciones de amenazas, agresiones físicas, violencia psicológica y simbólica, y dependencia económica entre otras. Además, de cada 10 mujeres que sufren violencia, tres deciden contárselo a alguien, y solamente dos hacen una denuncia. Por otra parte, una mujer tiene tres veces más chances de morir dentro de su propia casa que cuando sale a la vía pública.
El dato revelado por la Unidad Especializada del Ministerio Público Fiscal de la Nación (UFEM), indica que en el último año, 76% de los homicidios que tuvieron como víctimas a mujeres fueron femicidios. Solamente 24% de las mujeres fueron asesinadas en un intento de robo u otros motivos. En la mayoría de los casos, el victimario era o había sido pareja de la víctima.
Catamarca
La estadística nacional tiene su correlato en Catamarca donde en el año 2024, hubo 29.236 denuncias por hechos de violencia de género en las 14 Unidades Judiciales del Valle Central y en Fiscalía General. Paralelamente, en las Unidades Judiciales de Violencia Familiar y de Género asentaron 2.822 denuncias, donde 2157 fueron de la Capital y 665 de Valle Viejo.
Debe considerarse que en los casos de violencia, tanto en la pareja como en la familia, los denunciados pueden tener varias denuncias encima, de una misma denunciante o de otra más. Es decir, puede tener causas abiertas impulsadas por una expareja y por su pareja actual. De 13 femicidios que registró la provincia desde la incorporación de este agravante en el Código Penal Argentino, en seis casos el Estado había sido notificado a través de alguna denuncia u oficio.
Sin embargo, no hubo una intervención adecuada, es decir, en tiempo y forma. La desidia y la indiferencia también son formas de ejercer violencia. El femicidio es el último estadio de una espiral de violencia. En algunos casos, las víctimas pidieron ayuda pero no hubo respuesta. La falta de medidas o intervenciones son evidencia de que los femicidios pueden prevenirse.
La denuncia y la obligación judicial
En noviembre de 2023, a través de la Resolución N°050/2023, la Procuración General de Catamarca aprobó el «Programa de Gestión territorial de la Investigación Penal», y dispuso que las unidades judiciales y dependencias policiales registren todas las denuncias que se presenten, independientemente del Distrito Territorial o de los hechos denunciados.
Todas las denuncias pueden ser realizadas en cualquier unidad judicial del Valle Central. Realizada la denuncia, la Justicia debe investigar o archivar el caso. De otra forma, los hechos que no son denunciados podrían ser investigados de oficio por el Ministerio Público Fiscal.