El Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió esta semana por unanimidad y con rapidez el pedido de jury para el camarista de Mar del Plata Martín Poderti, pero suspendió en forma sospechosa la apertura de un sumario contra un juez de Rosario mientras un ex magistrado de esa ciudad, a través de terceros, juega sus cartas en la Cámara de Casación.
Sucede que el presidente de la comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, el abogado rosarino César Grau, postergó el miércoles el avance de una reunión en el Consejo de la Magistratura donde debía comenzar a tratarse el futuro de Gastón Salmain, el juez que quedó en el ojo de la tormenta luego de que se descubriera que mintió para postularse a ese cargo. Grau asumió en el organismo tras el fallecimiento de Héctor Recalde en representación de los abogados y es cercano a los K. Se trata de la misma comisión que tiene congelados pedidos de sanciones contra los jueces Alejo Ramos Padilla y Ariel Lijo.
La comisión debía reunirse el miércoles pasado, 6 de agosto, pero Grau decidió levantar la convocatoria. Señaló “falta de quórum”, pese a que es común en el cuerpo que muchos de sus integrantes participen de la reunión por Zoom, comentó un miembro de la Magistratura. Entre las ausentes figuró la consejera jueza Alejandra Provítola, que es la encargada de llevar el expediente de Salmain. Fuentes allegadas a Provítola señalaron a Clarín que la representante de la lista “Compromiso Judicial” de los jueces ya pidió “reserva de las actuaciones y que se pidan todos los expedientes administrativos” del caso. Y que confía que el caso se trate el próximo miércoles, sin más demora.
Además, Salmain acaba de ser denunciado por un fiscal por sospechas en el manejo de amparos previsionales. Justamente, el hoy juez había sido echado del Poder Judicial, cuando trabaja en 2001 como secretario de un juzgado de la Capital, por intentar manipular causas del fuero de la seguridad social, tal como adelantó Clarín en exclusiva.
Por eso fue denunciado en el Consejo de la Magistratura antes de la feria judicial de julio. El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, impulsó la apertura de un sumario para esclarecer si, como se sospecha, Salmain omitió declarar su paso en el Poder Judicial cuando se inscribió en casi 30 concursos hasta que ganó uno y fue designado como titular del Juzgado Federal de Rosario en 2023.
El dato es clave porque el reglamento del Consejo de la Magistratura establece que tienen prohibido participar de un concurso a aspirante a juez aquel que “hubiera sido separado de un empleo público por mal desempeño de sus tareas”.
Salmain cuando era funcionario judicial fue suspendido por la Corte Suprema en noviembre del 2001, luego de que una empleada del fuero de la Seguridad Social aseguró que Salmain la llamó para ofrecerle una supuesta coima con el fin de que recayeran varios expedientes en el juzgado previsional en el que trabajaba como secretario porque, le explicó, también trabajaba para varios estudios jurídicos.
Apenas unos minutos después de esa suspensión, el miércoles pasado, en cambio sí tuvo lugar en el Consejo la reunión de comisión de Acusación que encabeza el senador Luis Juez –y en la que el propio Grau se conectó por Zoom-, en donde se votó por unanimidad enviar a juicio político al juez federal de Mar del Plata Martín Poderti –algo que debe respaldar ahora el plenario- acusado de haber robado 144 monedas de oro que estaban secuestrados en un juzgado.
La situación de Salmain no solo está siendo observada en el Consejo de la Magistratura. Ahora un fiscal federal lo denunció penalmente por «direccionamiento indebido hacia ciertos actores del sistema judicial» sobre la resolución de expedientes previsionales. La seguridad social es la especialidad de Salmain.
El fiscal Federico Reynares Solari lo acusó por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público luego de que se difundiera que cuando Salmain empezó a ejercer como juez federal en Rosario en 2023 se habían multiplicado los embargos multimillonarios contra el Estado Nacional por demandas jubilatorias y que las demandas eran llevadas por un selecto grupo de estudios jurídicos.
Incluso, llamó la atención que sistemáticamente los abogados recusaban a la jueza federal Nº 2 Sylvia Aramberri para que los casos recayeran en el juzgado de Salmain. A raíz de la denuncia del fiscal, Salmain anunció que se excusaba de seguir interviniendo en esos expedientes.
Ese escenario volvió a reflotar los movimientos de Salmain desde que llegó a su cargo en Rosario. En febrero pasado, un equipo de fiscales había pedido su apartamiento de dos investigaciones por haber mantenido una relación preexistente con el exjefe de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, actual ARCA) Carlos Vaudagna, a quien se lo investiga por violación de secretos, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública. Vaudagna es el ex funcionario que se convirtió en “arrepentido” y confesó cómo supuestamente extorsionó con el entonces juez federal de Rosario Marcelo Bailaque a los financistas de Rosario Jorge Luis Oneto y a Claudio Iglesias.
En junio pasado, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura votó por unanimidad la acusación contra el entonces juez federal de Rosario Bailaque, acusado de extorsión y de proteger a narcotraficantes. Sin embargo, el juez decidió presentar su renuncia antes de arriesgarse al jury, la destitución y la pérdida de su jubilación de privilegio. El presidente Javier Milei la aceptó el 1 de julio pasado. Desde el 21 de mayo, la Justicia ordenó su detención en prisión domiciliaria.
Mientras tanto Bailaque que ya no tiene fueros, cumple una prisión domiciliaria hasta fines de agosto hasta ver cómo avanza la causa judicial en su contra. Pero no está solo en el expediente: son varios los imputados que quedaron expuestos en la investigación que lo salpica. Precisamente, uno de ellos ensaya ahora una nueva maniobra para voltear la forma en la que se está tramitando el expediente. Y acaba de conseguir una señal de la Cámara Federal de Casación Penal.
El abogado tributarista Guillermo Zenklusen, otro de los investigados en el expediente, pidió que la causa dejara de ser llevada por el sistema acusatorio que funciona en Rosario y que se use el viejo Código Penal. No es una estrategia nueva: la defensa del propio Bailaque también lo había solicitado y había sido rechazado por Casación
Fue en la Cámara Federal de Casación donde el 25 de marzo pasado, por mayoría, se declaró inadmisible ese planteo. La negativa fue firmada por los jueces Juan Carlos Gemignani y Diego Barroetaveña. En disidencia, votó el juez Carlos Mahiques, quien consideró que el viejo código era el que debía aplicarse para este expediente.
El capítulo por este tema parecía zanjado pero ahora la defensa del abogado Zenklusen llegó con el mismo reclamo al máximo tribunal federal del país. Y el jueves pasado, resolvió hacer lugar a la queja sin aún resolver el fondo. La sala tiene ahora otra integración. Ya no interviene el juez Barroetaveña. Fue reemplazado por el juez Mariano Borinsky, revelaron fuentes judiciales.
La resolución que acepta la queja deja constancia que Gemignani “no firma la presente por hallarse en uso de licencia”.
La discusión que se pone en juego en este planteo no es menor. La investigación está siendo sustanciada bajo el nuevo Código Procesal Penal Federal que rige en la jurisdicción de Rosario desde mayo del 2024. Es el mismo formato de investigación que también se pondrá en vigencia en Comodoro Py 2002 (debía comenzar a regir desde este mes pero decidió postergarse hasta noviembre por razones presupuestarias).
A fines de noviembre del año pasado, un conjunto de fiscales había acusado a Bailaque de presuntas maniobras dilatorias en favor del capo narco Esteban Alvarado y su ex esposa –con quienes habría tenido una conexión a través del contador Gabriel Mizzau–, presuntas irregularidades en el manejo de una cooperativa de trabajadores portuarios que estaba intervenida para favorecer a un financista amigo. Además, de haber realizado una serie de medidas -cuanto menos desprolijas- en un legajo en el que resultó afectado un empresario que fue denunciado de manera anónima por lavado y evasión y fue allanado en un rápido trámite del magistrado, que tiempo después le dictó falta de mérito.
Después de idas y vueltas -que incluyó el apartamiento del juez federal Salmain del proceso-, el caso recayó en manos del juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz. En ese contexto, el ex jefe de la AFIP Rosario, Carlos Vaudagna declaró ante los fiscales como “arrepentido” y confesó muchas de las maniobras que se llevaron adelante para extorsionar financistas. En mayo fue detenido el financista Fernando Whpei por maniobras que realizó con el ex juez federal Bailaque para extorsionar supuestamente a un empresario al que le exigieron 200.000 dólares; y por el manejo de esos fondos millonarios de aquella cooperativa de estibadores.
Whpei, quien tiene fuertes vínculos políticos, aparece en la causa como un intermediario entre Bailaque y Vaudagna ante el financista Claudio lglesias que había sido denunciado anónimamente. En ese contexto fue allanado el abogado tributarista Zenklusen. Es ahora la defensa de Zenklusen la que quiere que la causa no sea sustanciada por el Código acusatorio y espera tener el aval de Casación lo que, a criterio, de las fuentes bajaría el ritmo de la investigación judicial.