El Gobierno nacional anunció este jueves 25 de julio el inicio del proceso de privatización de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA), mediante la venta de sus acciones en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (CITELEC S.A.), en el marco de una estrategia para reducir la participación estatal en el sector energético.
La medida, impulsada por el Ministerio de Economía, fue oficializada a través de la Resolución 1050/2025 publicada en el Boletín Oficial. Con esta decisión, la administración busca atraer inversores nacionales e internacionales interesados en el transporte de energía eléctrica de alta tensión.
CITELEC posee el 52,4% de las acciones de Transener S.A., la empresa encargada del transporte de energía eléctrica en extra alta tensión (500 kV), lo que la convierte en un actor estratégico dentro del sistema eléctrico argentino. A través de esta operación, el Estado dejará de ser el socio mayoritario de la principal transportista de energía del país, una movida que genera debate por su impacto potencial en el control y regulación del servicio.
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Además de su rol central en Transener, CITELEC tiene participación accionaria en la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires (TRANSBA S.A.). Esto significa que la privatización no solo involucra activos nacionales, sino también infraestructura crítica a nivel provincial.
Licitación nacional e internacional sin preferencias ni participación estatal
Según la resolución oficial, la venta de acciones se realizará mediante un concurso público con base, abierto tanto a oferentes nacionales como internacionales. El proceso deberá concretarse en un plazo máximo de ocho meses y estará a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, designada como Unidad Ejecutora Especial Temporaria.
El documento aclara que la privatización no contempla el otorgamiento de preferencias ni la implementación de un programa de propiedad participada, por lo que no se reservarán acciones para empleados ni para el Estado.
Este enfoque genera inquietudes sobre el destino de los recursos estratégicos y el futuro del rol estatal en sectores clave.
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El proceso forma parte del plan más amplio del Gobierno para avanzar en la desestatización de empresas públicas.
La venta de CITELEC representa una de las primeras acciones concretas en ese sentido y podría marcar un precedente en la política energética del país. Resta saber quiénes serán los actores interesados en participar del proceso y cuál será el impacto real en el sistema eléctrico nacional.
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