lunes, 21 de julio de 2025 02:44
Tras el fallo que suspendió el DNU 461/2025 -publicado el 8 de julio- que ordenaba la disolución de Vialidad Nacional, un bloque peronista en el Senado intentará blindar el organismo. Se trata de los senadores nacionales del bloque Convicción Federal, quienes presentaron un proyecto para declarar la emergencia del Sistema Vial Nacional por dos años, considerando a Vialidad Nacional como “ente público de carácter estratégico”. La propuesta lleva las firmas del senador nacional por Catamarca, Guillermo Andrada, junto a la de sus pares Fernando Salino (San Luis), Carolina Moisés (Jujuy) y Fernando Rejal (La Rioja).
“El objetivo es cuidar las vidas que transitan por nuestras rutas argentinas, evitar que el transporte de nuestros productos circule en riesgo y garantizar la continuidad de todas las obras públicas en la Red Vial Nacional, que quedaron canceladas desde diciembre de 2023, mitigando el deterioro causado por la falta de inversión del Gobierno nacional”, explicaron. La iniciativa contempla un relevamiento integral del estado de las rutas nacionales, con un plan preventivo y correctivo, protocolos frente a emergencias y la fijación de estándares mínimos de mantenimiento de infraestructura. Además, amplía el presupuesto de Vialidad Nacional, plantea alternativas de financiamiento específico y exceptúa al organismo de los alcances del decreto de Javier Milei 70/2023, para evitar su transformación como sociedad anónima.
“Es impostergable abordar esta situación con responsabilidad y compromiso federal. Desde el Gobierno Nacional ejecutaron Vialidad en las últimas horas de la vigencia de las facultades delegadas: sin planificación ni mantenimiento, las rutas se deterioran a un ritmo vertiginoso. La red vial es un componente clave para el desarrollo, la conectividad y la seguridad de todos los argentinos”, manifestaron desde el bloque.
La semana pasada, la jueza Martina Forns (Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2) hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina). La magistrada determinó que el traspaso de las funciones del organismo al Ministerio de Economía no puede ser fundamentado en el marco de la Ley Bases (Nº 27.742), dado que este no otorgó facultades delegadas para el cierre de un ente autárquico como lo es Vialidad, excluido expresamente de la reorganización administrativa y que, además, fue creado por ley hace más de 93 años.
En su fallo, Forns advirtió sobre el peligro que presentaba la inminente aplicación del decreto, ya que podía generar “traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales” en un organismo técnico que requiere autonomía para cumplir con su rol. Para la magistrada, se constituyó “riesgo cierto de un daño inminente e irreparable” que “puede derivar en un perjuicio efectivo”, por lo que decidió hacer lugar a la cautelar. El fallo abre paso a una serie de nuevas apelaciones de otros entes autárquicos referenciados a la ciencia, la cultura y la salud.