Diputados apoyó el reclamo por los fondos e instó a ir a la Justicia

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La Cámara de Diputados de la provincia fue escenario de un intenso debate en donde el oficialismo y la mayoría de los bloques legislativos aprobaron una declaración en defensa de los recursos provinciales retenidos por el Gobierno Nacional. Después de seis horas de debate y un cuarto intermedio, la mayoría del bloque de la UCR acompañó la iniciativa del oficialismo, con algunas reservas. Sin embargo, los legisladores de la Libertad Avanza, al igual que el radical Tiago Puente, rechazaron el proyecto.

El Bloque Frente de Todos (FT) impulsó la declaración que rechaza la retención de fondos coparticipables y otros recursos que por ley corresponden a las provincias, como los provenientes del impuesto a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Esta situación, según el proyecto, está perjudicando directamente las finanzas provinciales y paralizando obras públicas esenciales. La diputada María Argerich (FT) agradeció el apoyo de los bloques y aseguró que la iniciativa busca respaldar el reclamo de todos los gobernadores del país, “los gobernadores han tenido demasiada paciencia, han tratado de dialogar por todas las vías”.

Por su parte, Puente (UCR) calificó el proyecto como una maniobra del oficialismo para «disfrazar una defensa del federalismo y culpar al gobierno nacional por errores cometidos aquí mismo en la provincia de Catamarca». Además, acusó a la Provincia de estar «fundida por una mala administración, años de derroche, clientelismo y una gestión deficiente», y de haber congelado sueldos con la Ley de Emergencia Económica mientras «aumentaban la planta política» y «gastaban en viajes internacionales».

En respuesta a las críticas, el diputado Nicolás Zavaleta (FT) señaló que «legisladores de nuestra provincia están acomodando el cuerpo por una sábana corta desde lo electoral». Y afirmó que el gobierno provincial «está asumiendo con aciertos y con errores todas las atribuciones que le corresponden a la Nación». En ese sentido, advirtió que hace un año y medio no se realizan obras de cloaca, agua ni asfalto con fondos nacionales, sino que todo se costea con fondos provinciales. Si bien dijo entender los reclamos salariales, aclaró que «no depende de nosotros la política salarial».

En la misma línea, su par Juan Carlos Ledesma (FT) lanzó duras críticas a quienes «defienden el discurso del Gobierno Nacional», sugiriendo que «algunos radicales parecen más preocupados por quedar bien con el libreto de Milei que por defender a los catamarqueños». Y recordó, con ironía, antecedentes de sectores radicales, como la supuesta «fundición del Banco de Catamarca» y la «desaparición de millones en Educación» y afirmó que «lo que no se puede es votar en contra de Catamarca».

Para finalizar, Hugo Ávila añadió a su alocución que «la autonomía de la provincia no se la defiende si no tenemos los recursos para poder ejercerla. Por suerte hay una iniciativa para comenzar a defender los intereses».

Transparencia

Un comunicado de prensa posterior del bloque de la UCR ratificó su compromiso con el federalismo fiscal y la equidad en la distribución de recursos, asegurando que acompañarán iniciativas para una «asignación más justa y transparente». Sin embargo, el bloque enfatizó que la situación financiera de Catamarca «no se explica únicamente por la insuficiencia de transferencias nacionales, sino, en gran medida, por las decisiones adoptadas en la administración de los recursos provinciales».

Defensa del INTA

En la misma sesión, a propuesta de los diputados Ávila y Hernán Díaz, se aprobó una declaración en defensa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), considerado como una institución clave para el desarrollo agropecuario de la provincia. Díaz destacó el rol fundamental del INTA en brindar asistencia técnica, investigación y extensión a cientos de familias rurales, pequeños y medianos productores y cooperativas, siendo «indispensable para la innovación tecnológica agropecuaria, la sostenibilidad ambiental y el arraigo de las poblaciones en el campo».

Además denunció una serie de medidas por parte del Gobierno Nacional “que configuran un escenario de desmantelamiento y precarización laboral», incluyendo «la ola de despidos de personal, el ajuste presupuestario y la constante amenaza sobre la continuidad de sus programas y proyectos». Por último, remarcó que existe una «fundada preocupación por el impacto que estas políticas puedan tener en la operatividad de las agencias del INTA», solicitando al Poder Ejecutivo Nacional que tome conciencia del rol estratégico del organismo, respete su ley de creación y garantice la continuidad territorial de sus agencias y la ejecución de programas en beneficio de los productores y la provincia.n

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