El Gobierno nacional oficializó este miércoles, a través de la Resolución 271/2025 publicada en el Boletín Oficial, una serie de modificaciones normativas que simplifican el proceso de patentamiento de vehículos, especialmente para aquellos que sean adquiridos en el exterior por importadores particulares.
Según informó la Secretaría de Industria y Comercio, el nuevo régimen actualiza el procedimiento para acreditar que los vehículos automotores, acoplados y semirremolques cumplen con los requisitos técnicos de seguridad vial, y aplica tanto a fabricantes como a particulares.
Una de las principales novedades es que los ciudadanos que decidan importar autos por cuenta propia podrán utilizar la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) ya otorgada a fabricantes o importadores. En caso de que el vehículo no cuente con una LCM, se habilita la opción de tramitar un certificado de seguridad vial ante la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, en un sistema similar al de una Verificación Técnica Vehicular (VTV).
Además, la normativa establece el reconocimiento de certificaciones internacionales emitidas por organismos de la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil, facilitando así el acceso a vehículos homologados bajo estándares globales.
Desde el Ejecutivo argumentaron que esta reforma busca “ampliar la cadena de comercialización de vehículos” y “optimizar las condiciones para su importación”, con el objetivo de mejorar el actual parque automotor sin comprometer los estándares de seguridad.
La medida también se alinea con la reciente Resolución 222/2025, que modificó el sistema de control sobre autopartes y elementos de seguridad, eliminando la obligatoriedad de gestionar el Certificado de Homologación de Autopartes de Seguridad (CHAS) ante el INTI. A partir de ahora, las empresas no deberán abonar ese trámite ni enfrentar las demoras asociadas, lo que según el Gobierno “representaba un obstáculo innecesario para el desarrollo de la actividad”.
Actualmente, la importación y comercialización de autopartes ya no requiere autorización previa, y los fabricantes e importadores son responsables de cumplir con las especificaciones de la normativa vigente. La certificación podrá obtenerse mediante una red amplia de laboratorios y organismos internacionales, evitando la dependencia de un único ente nacional.
Finalmente, se indicó que la fiscalización de la seguridad de las autopartes se realizará de forma ex post, garantizando que cumplan con lo establecido en el Decreto 196/2025.