La política del gobierno viene siendo la parálisis legislativa.Tras la condena a Cristina Fernández de Kirchner, el oficialismo redujo al mínimo las sesiones, congeló comisiones estratégicas y evitó tratar los temas más incómodos para su plan de gobierno.
Comisiones como Presupuesto y Hacienda, Familia, Educación, Libertad de Expresión, no funcionan o lo hacen bloqueando iniciativas con consenso opositor y apoyo social. La estrategia es simple: no abrir el recinto para evitar derrotas legislativas. Ni siquiera está en agenda la Ley colchón, por la cual el ministro Caputo apuesta a que la gente use sus dólares para gastos corrientes.
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En paralelo, la oposición busca forzar el tratamiento de proyectos mediante sesiones especiales y emplazamientos. La estrategia oficialista, mientras tanto, se replica en ambas cámaras. En el Senado, los libertarios frenan leyes votadas el aumento a las jubilaciones y la moratoria previsional o la emergencia en discapacidad. Se trata de una parálisis deliberada que expone el desgaste de los acuerdos legislativos en medio de las negociaciones para la conformación de listas, hacia los comicios de octubre.
La situación se tensa por los cruces con fracciones que venían siendo aliadas desde la UCR y el PRO y reclamos de gobernadores como Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), que han expresado malestar ante el ajuste fiscal, la caída de la coparticipación y la competencia política de La Libertad Avanza en sus territorios. Las posibilidades del quórum y del tablero de votación en el Congreso parecen depender en gran medida de este sector que especula a poco del cierre de las listas.
La desconexión entre la casta y las urgencias sociales es brutal, eso está claro. Un senador cobra más de 13 veces lo que un residente que trabaja 70 horas semanales. Las prioridades del Congreso no son las de la calle. El PTS pone sus bancas al servicio de construir una gran fuerza social para arrancar cada postergado derecho e invertir las prioridades, ya no del Congreso, sino de este régimen social.
PASTILLAS PARLAMENTARIAS
1: La oposición vuelve al ruedo: ¿sesión especial el 2 de julio?
Sectores de la oposición convocaron a una sesión especial con el objetivo de forzar el tratamiento de proyectos frenados por el oficialismo en comisiones claves. Entre los temas más sensibles: el financiamiento universitario, la declaración de emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan, juicios por jurados y la reforma del régimen de decretos de necesidad y urgencia (DNU). También se incluirá el debate sobre la derogación del decreto 383/25, que amplía competencias a la Policía Federal.
Hay una particularidad: solo los proyectos de Juicio por jurado y de Reforma de la ley de DNU tienen dictamen. La oposición propone tratar la Emergencia sanitaria pediátrica (Hospital Garrahan) y el Financiamiento universitario mediante emplazamientos, que permitirían forzar a las comisiones a debatir con fecha y hora estos proyectos, bloqueados por el oficialismo y sus aliados.
La Libertad Avanza apuesta a vaciar la sesión para evitar el quórum y, con él, derrotas parlamentarias que alteren su hoja de ruta de ajuste y control por decreto, con la que viene gobernando. La última sesión mostró un reacomodamiento: en el marco de una masiva movilización en las calles, donde confluyeron jubilados, colectivos de la discapacidad, trabajadores de la salud, despedidos de distintos sectores, diputados del PJ que venían votando junto al oficialismo se dieron vuelta, y varios diputados del PRO y de otros bloques aliados se abstuvieron de votar. Será clave ver si esa fractura se mantiene o fue coyuntural.
El PTS-Frente de Izquierda, mientras tanto, apuesta con sus bancas a que la fuerza en las calles sea la palanca que permita derrotar esa agenda reaccionaria que buscan imponer los partidos del régimen que busca fortalecer el gobierno de Milei.
2: Emergencia en el Garrahan y en la salud pública
Luego del intento fallido de la sesión pasada, La oposición buscará emplazar a las comisiones de Presupuesto (presidida por el libertario José Luis Espert) y de Familia (a cargo de la radical Roxana Reyes) para tratar un proyecto de emergencia sanitaria pediátrica nacional por dos años. El texto ya cuenta con dictamen de la Comisión de Salud, presidida por Pablo Yedlin (UP). También esperan tratamiento otros proyectos, como los presentados por el Frente de Izquierda, que exigen presupuesto, recomposición salarial y pase a planta permanente para los trabajadores del hospital, que depende en un 80% del Ministerio de Salud nacional.
Mientras el gobierno los acusa de “ñoquis”, los trabajadores denuncian congelamiento de partidas, salarios de hambre, contratos vencidos, guardias extenuantes y vaciamiento deliberado. Las declaraciones del ministro de Salud, Mario Lugones, —“los recursos no deben destinarse a la militancia rentada”—, dirigidas a residentes que trabajan más de 70 horas semanales, generaron rechazo masivo. Desde el PTS-FITU denunciaron el discurso provocador de un funcionario millonario que busca legitimar el vaciamiento del sistema público.
Además, presentaron dos proyectos claves: uno que declara la emergencia sanitaria en el Hospital Garrahan (Expediente 3165-D-2025) y otro que repudia el ataque del gobierno a sus trabajadores (Expediente 2856-D-2025).
3: Ajuste en ciencia y universidades
El sistema universitario y la ciencia pública enfrentan un ajuste brutal. Universidades y organismos de ciencia atraviesan una crisis presupuestaria inédita. Uno de cada cuatro trabajadores universitarios está por debajo de la línea de pobreza. La situación genera renuncias, vaciamiento de facultades y parálisis de obras e investigaciones.
Christian Castillo (PTS-FITU) presentó un proyecto para declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional y del sistema de Ciencia y Técnica para el ejercicio 2025, con medidas como recomposición salarial y actualización de fondos destinados a investigación. “El año pasado el gobierno no logró privatizar las universidades, este año las está asfixiando por falta de presupuesto y ajuste al salario”, denunció.
Las comisiones de Presupuesto (José Luis Espert) y Educación (Alejandro Finocchiaro, PRO) bloquean el tratamiento de las propuestas. El pedido de emplazamiento buscará forzar el debate en la sesión del 2 de julio.
En 2024, el Congreso votó una ley de financiamiento universitario que fue vetada por Milei y luego blindada por 85 diputados, que impidieron alcanzar los dos tercios necesarios para rechazar el veto.
Ese veto presidencial encendió al movimiento estudiantil con tomas de facultades, asambleas y clases públicas junto a docentes y no docentes. Despertó un amplio apoyo social y se convirtió en ejemplo para numerosos sectores que defienden el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad, al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Hoy, de la mano del ajuste del gobierno, el conflicto vuelve a escalar y, en el marco de un paro docente, todas las universidades nacionales convocaron a una “manifestación federal” este jueves 26 de junio. El proyecto que la izquierda buscará debatir en el recinto apunta a ser una herramienta más al servicio de esa lucha, que se ganará en las calles, unificándola con quienes pelean por la salud, la jubilación, el salario. Bancas al servicio de construir una potente fuerza social para darlo vuelta todo.
4: Reforma del estatuto de la Policía Federal
A través del DNU 383/2025, y con una presentación encabezada por Patricia Bullrich y Javier Milei, el Gobierno modificó el estatuto de la Policía Federal Argentina (PFA) y creó el Departamento Federal de Investigaciones (DFI).
El decreto reconfiguró las atribuciones de la Policía Federal con criterios que organismos de derechos humanos califican de inconstitucionales. Se habilitan detenciones sin orden judicial, ciberpatrullaje masivo, requisas y vigilancia sin control político ni judicial, además de detenciones de hasta 10 horas en dependencias policiales “si existiesen circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiere cometer algún hecho delictivo”. Todo esto, “sin necesidad de autorización judicial”.
Como denunciaron los diputados del PTS-FITU, el oficialismo apunta a profundizar el uso discrecional del poder represivo para controlar la protesta social, castigar opositores y disciplinar a la población, que tiende a expresar su descontento ante el ajuste en las calles, con movilizaciones como las de los jubilados, las de la ciencia, la salud, la educación. Con un proyecto que presentaron de inmediato, por eso, propusieron la anulación de la medida suscrita por Bullrich y Milei.
El decreto, además, se suma a otras iniciativas con las que el gobierno apunta a una ofensiva coordinada, con la aprobación de la “ley Antimafias”, que garantiza facultades especiales a fuerzas de seguridad en “Zonas Sujetas a Investigación Especial”; la resolución 428/2024 del Ministerio de Seguridad, que permite a la PFA ejecutar “labores preventivas en el espacio cibernético”; la difusión de un nuevo Plan Nacional de Inteligencia y el DNU 1112/2024, que modifica la Ley de Seguridad Interior para habilitar a las Fuerzas Armadas a intervenir en las ciudades y fronteras.
5. Comisión investigadora $Libra: el escándalo que el Congreso aún no logra abrir
La comisión investigadora del escándalo de la criptomoneda $Libra -que involucra al presidente Javier Milei, su hermana Karina y funcionarios del gobierno- retomó su actividad bajo conducción provisoria del secretario parlamentario de Martín Menem, Adrián Pagán, pero sin reglamento definido. En su última reunión, la Comisión citó para este miércoles 25 a figuras clave como los hermanos Milei, el empresario Mariano Novelli, expertos como Fernando Molina y Santiago Siri, periodistas como Irina Hauser y Alejandro Bercovich. Sin un marco normativo, estas citaciones carecen de fuerza legal. La reunión, por otra parte, será la última dentro del calendario votado inicialmente.
Para buscar la continuidad de la investigación que no fué, Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, propuso una reforma de esta comisión, que iguale sus atribuciones a las de la comisión de Juicio Político. Otros sectores, en tanto, plantean directamente dar apertura a esa comisión, que debería presidir la libertaria Marcela Pagano. Este tema podría debatirse en la sesión del 2 de julio. Mientras tanto, la comisión opera en un limbo que evidencia algo más profundo: el caso $Libra no solo expone una posible estafa financiera, sino también el intento del Ejecutivo por blindarse a cualquier costo.
BONUS TRACK
Proyecto contra el alineamiento bélico de Milei
La iniciativa repudia la ofensiva militar conjunta de Israel y Estados Unidos sobre Irán y denuncia el alineamiento del presidente Javier Milei con ambos países, en el marco de una escalada bélica con consecuencias imprevisibles en Medio Oriente.
Contra el genocidio al pueblo palestino
Patricio del Corro (PTS-FITU) repudió el juicio impulsado por la DAIA contra Alejandro Bodart (MST), por solidarizarse con Palestina. Tras participar en la Marcha Mundial a Gaza, denunció que la causa busca criminalizar el antisionismo y blindar al Estado genocida de Israel. Solidarizarse no es delito. Absolución de Bodart, Biasi y de todos los perseguidos por denunciarlo.
En apoyo a las luchas: del recinto a la calle
En las últimas semanas, los diputados del PTS-FITU acompañaron activamente las luchas en curso: desde las movilizaciones del Garrahan, los docentes universitarios, los profesionales de la salud y el colectivo de discapacidad, hasta los reclamos de trabajadores despedidos de Secco y Georgalos, que reclaman contra los despidos discriminatorios. También participaron en la comisión donde trabajadores de la Marina Mercante denunciaron el vaciamiento impulsado por el Decreto 340/2025 —que también restringe el derecho a huelga—, y mantuvieron reuniones con trabajadores del INTA que alertan sobre la desarticulación del sector. La cobertura de estos hechos en medios como La Izquierda Diario permite trazar el mapa de esta articulación entre lo parlamentario y lo territorial.
Proscripción política y régimen autoritario
Desde que se ratificó el fallo judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, se multiplicaron las denuncias de proscripción y de instauración de un régimen autoritario. Los diputados del PTS en el Frente de Izquierda lo enmarcaron en una avanzada más amplia sobre las libertades democráticas.
Myriam Bregman denunció el uso discrecional del poder judicial, que otorga beneficios a genocidas y persigue a opositores, con apoyo de un poder económico subordinado a los intereses de EE. UU. y el FMI. Castillo coincidió en señalar la doble vara judicial y el intento de la Corte por barrer a CFK de la competencia electoral.
Del Caño destacó que no se necesita afinidad política para repudiar la proscripción de la expresidenta, y que lo que hoy le sucede a ella puede repetirse con otros sectores opositores mañana. En la movilización del miércoles pasado a Plaza de Mayo, el PTS/FITU se manifestó con columna propia: una forma de expresar la pelea común contra la proscripción, sin alinearse políticamente con el peronismo.