Inquietos por la caída de los giros nacionales automáticos y las podas que la Casa Rosada aplica sobre partidas con asignación específica, los gobernadores se reunirán hoy por enésima vez en la tradicional trinchera del Consejo Federal de Inversiones para tratar de conmover la indiferencia presidencial.
Presidido por el secretario general Ignacio Lamothe, el encuentro se presenta con el título “Nuevas fuentes de financiamiento para el desarrollo de una infraestructura federal», eufemismo que disimula mal los verdaderos motivos de la cumbre: las administraciones provinciales vienen sufriendo una profunda retracción de sus ingresos mientras afrontan gastos adicionales de los que la Nación ha desertado sin contemplaciones.
Un documento que circuló en la previa, confeccionado con datos de la Comisión Federal de Impuestos, proyecta un desplome de las transferencias automáticas de un 4,2% durante 2025, «lo que representa una pérdida de casi $2.5 billones en moneda homogénea, equivalente al 0,3% del PIB».
Si se compara con 2023, la caída alcanzaría el 12%: casi $7,4 billones menos que 2 años atrás, pérdida que se aproxima a 1% del Producto Bruto Interno. Las transferencias automáticas representaron el 45% de los ingresos provinciales en 2024, con picos mayores al 60% para un conjunto de 12 provincias.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) dio cuenta de una caída interanual real del 26% en los ingresos por coparticipación de mayo, debido sobre todo al «mal desempeño de la recaudación del Impuesto a las Ganancias (-41% real interanual) y el descenso de recaudación de IVA (-1,1% real interanual)».
Conforme a la filiación política del analista, sobre estas cifras se despliegan una multiplicidad de interpretaciones en base a recaudaciones superiores a las ordinarias obtenidas el año pasado tras la devaluación de diciembre de 2023 o promedios de varios años, pero hay hechos incontrastables. El Gobierno nacional, por ejemplo, ha delegado erogaciones en las provincias sin asignarles los recursos para afrontarlas, o procede unilateralmente con modificaciones del esquema tributario que afectan impuestos coparticipables.
La caída de los ingresos de mayo se torna particularmente perjudicial porque las provincias deben afrontar en junio las erogaciones de los aguinaldos. Media grilla salarial adicional con las alforjas flacas.
Las quejas de los gobernadores se estrellan contra un ninguneo sistemático del Gobierno nacional, que solo se interrumpe para exigirles mayores esfuerzos.
La vertiginosidad de los acontecimientos, los escándalos y la iracundia que impregna la prédica libertaria hace olvidar episodios muy explícitos en este sentido. En septiembre del año pasado, al presentar el Presupuesto 2025 “Déficit Cero”, Javier Milei dijo que la Nación ya había hecho el ajuste que le correspondía y que les tocaba a las provincias avanzar en las restricciones. Calculó que la merma debía ser de 60 mil millones de dólares, lo que desencadenó un alud de reacciones alarmadas que obligó a los voceros oficiales a relativizar el dato y ubicarlo en 20 mil millones para el año. Pero el Presupuesto 2025 nunca se trató y el ajuste provinciano no tuvo cuantificación legal.
Más cerca, el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo dijo en mayo que la Nación bajó cinco puntos de sus gastos y las provincias solo 1. “No podemos seguir bajando cinco puntos por año el gasto del Tesoro Nacional. Por eso el desafío es el crecimiento y el esfuerzo ahora lo tienen que hacer provincias y municipios”, dijo.
Pero ni Milei ni Caputo consideran en sus alquimias contables los gastos que han delegado en las administraciones provinciales, que explican en gran parte esos 5 puntos menos del año pasado.