Se multiplican los casos de aberrantes delitos que quedan impunes por el mal accionar del Poder Judicial. En algunos de ellos el impedimento para el acceso a la justicia es la mala instrucción de la causa –errores y omisiones en la investigación- y en otros negligencia, demoras que terminan convalidando la prescripción, y hasta irregularidades que ameritan investigaciones contra los propios funcionarios judiciales y policiales responsables de la pesquisa.
Hace unos días la Cámara Penal N° 1 de Catamarca resolvió sobreseer a un individuo que estaba acusado de un abuso sexual gravemente ultrajante contra una niña de 5 años. La decisión judicial no se debe a que se determinó la inocencia del imputado o que no se pudo probar su culpabilidad, sino a la prescripción de la causa. Se vencieron los plazos para la investigación sin que se la elevara a juicio.
No todas las inexplicables demoras en las investigaciones judiciales terminan en la prescripción, pero de todos modos la extensión de los plazos indefinidamente es una forma de injusticia para las víctimas. Lo sienten así, por ejemplo, las artesanas que hace ya diez años fueron sometidas a crueles apremios ilegales por efectivos policiales de la comisaría Primera. No solo fueron detenidas arbitrariamente sino que además fueron golpeadas brutalmente, humilladas y hasta se les aplicó descargas eléctricas, tortura muy utilizada durante la última dictadura militar. Las demoras, y la posibilidad cierta de la impunidad, son más habituales cuando los acusados son integrantes de las fuerzas de seguridad y cometieron los delitos mientras ejercían sus funciones.
No todas las demoras en las investigaciones judiciales terminan en la prescripción, pero de todos modos la extensión de los plazos indefinidamente es una forma de injusticia. No todas las demoras en las investigaciones judiciales terminan en la prescripción, pero de todos modos la extensión de los plazos indefinidamente es una forma de injusticia.
A nivel nacional hay muchos otros ejemplos. Uno de los más resonantes es el crimen de Nora Dalmasso, ocurrido hace ya casi 19 años. El juez de la causa ordenó hacer un “juicio por la verdad” contra Roberto Bárzola, el parquetista cuyo ADN apareció en la escena del crimen, en la bata con la que ahorcaron a la víctima y en un pelo hallado en el pubis de Dalmasso. La decisión es, implícitamente, la convalidación de la prescripción de la causa.
Los juicios por la verdad son procesos judiciales que procuran conocer la verdad de los hechos pero sin la imposición de una pena. Se comenzaron a realizar en la Argentina con los crímenes cometidos durante la dictadura mientras regían las leyes de impunidad, pero también se aplican ahora con causas prescriptas. Tal vez el verdadero asesino de Nora Dalmasso reciba esa condena “moral”, que es apenas un consuelo para los seres queridos de la víctima y para su memoria.
La lentitud de la Justicia tiene varias causas. Algunas atendibles, como la carencia de recursos materiales y humanos. Pero también es el resultado de errores, omisiones, negligencias e irregularidades (muchas de ellas encuadradas como delitos en el Código Penal) que termina consagrando la impunidad y provocando en la sociedad un descrédito del Poder Judicial que es dañino también para la democracia.