Uno de los inconvenientes que tiene la actividad minera es que requiere de licencia social. La licencia social se refiere a la legitimidad social que tiene un emprendimiento minero, la que está dada por el grado de apoyo que tiene de parte de los actores de la comunidad en la que opera.
En Catamarca la construcción de la licencia social de la minería es un empeño trabajoso que no termina de prosperar. Factores ambientales y económicos son escollos para conseguir el objetivo. A los cuestionamientos sobre la afectación del medio ambiente que provocan los proyectos mineros se le deben sumar los escasos beneficios que dejan para la economía local y provincial.
Una de las demandas prioritarias de las comunidades donde se radican emprendimientos mineros es que haya un diálogo fluido entre la empresa y los habitantes y organizaciones sociales del lugar, a los fines de que la sociedad se informe y al mismo tiempo pueda plantear sus inquietudes respecto del impacto ambiental y económico. No es lo que sucede habitualmente y por eso la licencia social de la minería es un objetivo de cumplimiento pendiente.
Un ejemplo paradigmático de falta de apertura y diálogo con la comunidad es el que ocurre en el departamento Tinogasta con la empresa minera china Zijin, que tiene a su cargo el proyecto Tres Quebradas. El emprendimiento ha sido cuestionado por la escasa y generalmente mala relación con la comunidad local, por la escasa información que brinda y por la falta de cumplimiento a algunas promesas enunciadas, como por ejemplo respecto de la cantidad de mano de obra de fiambalenses contratada.
En Catamarca, la construcción de la licencia social de la minería es un empeño trabajoso que no termina de prosperar. En Catamarca, la construcción de la licencia social de la minería es un empeño trabajoso que no termina de prosperar.
Para intentar exhibirse como una empresa dispuesta a informar y dar participación a la comunidad en la que está inserta, el miércoles de la semana pasada la firma de capitales asiáticos convocó, conjuntamente con funcionarios del Ministerio de Minería de la provincia, a una reunión. El resultado, según los asistentes, que tenían expectativas de una recomposición de la relación entre la empresa y la sociedad, y de acceder a información clave sobre la iniciativa, fue francamente desalentador.
Luego de una extensa charla en la que poco y nada se dijo en torno a lo que los concurrentes a la reunión esperaban escuchar. Es decir, información sobre las características del proyecto y sobre el impacto socioambiental.
Hubo luego un momento para las preguntas. Consultas sobre la afectación del emprendimiento sobre el agua que consume la población y sobre el balance hídrico de la cuenca del río Abaucán, sobre la situación jurídica del predio de 671 hectáreas donde está emplazada la planta de procesos de Zijin que el Municipio de Fiambalá cedió a la empresa, sobre la generación de residuos por parte de la empresa y el plan de manejo de éstos, sobre el incumplimiento de la contratación de mano de obra local, entre muchos otros. Pero las respuestas de parte de los organizadores fueron vagas y ninguna terminó conformando a los asistentes a la reunión, que se retiraron disconformes del encuentro, al que calificaron de una puesta en escena.
Horacio Machado Aráoz, investigador del Conicet-UNCA, que participó de la reunión, calificó a este tipo de reuniones como “ritualización ficcionalizada”, en la que “la comunicación es reemplazada por la propaganda. Slogans como ‘puertas abiertas’ y ‘transparencia’ son, en realidad, ocultamientos de información estratégica, mentiras, promesas incumplidas e incumplibles; incluso, amenazas y prácticas extorsivas. La coerción, abierta o velada, y el engaño vil son la materia prima a través de la cual la minería fabrica su licencia social”.
El Gobierno provincial, si quiere trabajar para que la minería tenga “licencia social”, no debería participar de estas puestas en escenas.