Hasta el 30 de abril la primera denuncia contra el sacerdote Eduardo López Márquez, imputado por abuso sexual, iba encaminada al juicio por jurados. Recreo es la localidad en donde se concretaría el juicio, lo que significaba un verdadero hito porque sería la primera vez que un sacerdote iba a ser juzgado ante un jurado popular.
El uso de potenciales en el primer párrafo no es antojadizo. Una concatenación de denuncias, cámaras ocultas y ventilación de detalles íntimos provocaron un cimbronazo en la causa que trajo como consecuencia la suspensión del debate.
El 15 de julio había sido el día programado para la apertura del juicio oral. No obstante, desde el 30 de abril la cancha se embarró. Ese día, el cura ingresó caminando en Fiscalía para poner en conocimiento de los investigadores que había sido “extorsionado” por Luis Monje, el segundo denunciante. Fue su primera aparición pública tras la denuncia del 2021 y lo hizo vestido de camisa y cuello clerical. Horas después estaría en poder de la prensa el video del chantaje. La mecha ya había sido encendida.
El estrépito de las cámaras ocultas y las denuncias formaron parte de la estrategia defensiva de López Márquez. Guardaron la carta en las puertas del juicio, que quedó en suspenso. El estrépito de las cámaras ocultas y las denuncias formaron parte de la estrategia defensiva de López Márquez. Guardaron la carta en las puertas del juicio, que quedó en suspenso.
Las posteriores explicaciones de Monje y de su abogado Sebastián Ibáñez no hicieron más que echar más leña al fuego. López Márquez y su abogado defensor, Marcos Gandini, habían comenzado a desplegar su estrategia de disuasión con munición gruesa. Luego le siguió una denuncia contra la fiscal Yésica Miranda y un pedido de apartamiento de la investigación de la segunda causa. Por su parte, Ibáñez denunció al cura por obstrucción a la justicia. Su fundamento estaba en la reunión que había mantenido con el segundo denunciante y que fue ventilada en el video harto difundido.
Las presentaciones de los letrados no tuvieron impacto jurídico pues no solo Miranda fue ratificada en la causa, sino que el expediente ya se encuentra en sus manos.
Pero el escándalo no culminó ahí, ya que se difundió otro video con un pedido millonario de dinero y la querella, lejos de bajar los decibeles, respondió con un polémico pedido de inspección corporal en las partes íntimas del sacerdote acusado.
El punto álgido de la polémica sucedió el pasado 24 de mayo cuando el juez Silvio Martoccia resolvió la suspensión del juicio. Ocurrió durante la audiencia de admisión de evidencia. Previamente rechazó un nuevo planteo de prescripción efectuado por la defensa del cura y suspendió el juicio hasta que la resolución quede firme. López Márquez y su defensor ya lo habían conseguido: el aplazo del juicio hasta que la Corte de Justicia defina.
El estrépito de las cámaras ocultas y las denuncias formaron parte de la estrategia defensiva. Guardaron la carta en las puertas del juicio, que quedó en suspenso, y además intentan poner el manto de sospecha sobre la segunda causa.
La maniobra no es en sí misma ilícita. El problema fue que la querella no se replegó. Respondió con una estrategia igual de disruptiva, que no solo alimentó el fuego cruzado, sino que terminó por desordenar aún más el tablero judicial.
El resultado es elocuente: la denuncia por abuso quedó sepultada bajo el estruendo de extorsiones, videos y contradenuncias. El foco se desvió, el juicio se frenó y el escenario se llenó de ruido. Por el momento, la lucha de las presuntas víctimas quedó fuera de foco.