Los intendentes del interior comenzaron ya las gestiones en tren de obtener auxilio del Gobierno para afrontar el pago de los aguinaldos el mes que viene. Un clásico que se reitera en un contexto muy diferente al de años anteriores: como consecuencia de la recesión, los ingresos provinciales han caído significativamente y con ellos las posibilidades de satisfacerles los pedidos.
El Gobierno viene advirtiendo sobre el achique de la recaudación desde fines del año pasado. Hace seis meses que los jefes comunales saben que el horno no está para bollos y sin embargo no tomaron previsiones para al menos disminuir el volumen de los desembolsos de todos los años, convencidos de que llegado el momento crítico lograrían los aportes necesarios para cubrir el gasto extra de junio. El problema es que el Tesoro provincial está al límite, sin demasiado resto para erogaciones adicionales.
La Casa Rosada se ha desentendido de inversiones como el Fondo de Incentivo Docente, medicamentos, transporte y mantenimiento de rutas. La mayor parte de estos gastos han sido asumidos por la Provincia con fondos propios, cosa que restringió el margen económico y financiero para asistir a las comunas.
Los intendentes del interior presionan por fondos para el aguinaldo y para que el Gobierno prorrogue la Emergencia. Los intendentes del interior presionan por fondos para el aguinaldo y para que el Gobierno prorrogue la Emergencia.
La victoria obtenida ayer por el vocero presidencial Manuel Adorni en la Ciudad de Buenos Aires oxigena políticamente al orden libertario para continuar con una política de motosierra que tiene a los recursos de las provincias como uno de sus principales insumos. De hecho, el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo dictaminó hace un par de semanas en un foro empresarial, como lo había hecho el propio Javier Milei el año pasado al anunciar el Presupuesto 2025 “Déficit cero” que nunca se aprobó, que el Gobierno nacional ya hizo el ajuste que le correspondía y que ahora les corresponde cinchar a las provincias.
Por supuesto, no consideró que la restricción del gasto que se atribuye y que le permite vanagloriarse del superávit financiero, obedeció en gran parte a la poda de giros que históricamente se hicieron las provincias y la anulación de las inversiones en obras públicas.
Se anticipan cambios en el IVA y la eliminación de impuestos coparticipables como el del Cheque, que repercutirán en los ingresos provinciales.
Los intendentes, oficialistas y opositores, parecen vivir en una burbuja y no toman nota de todos estos indicios, pese a la extensa experiencia que tienen la mayoría de ellos como administradores de fondos públicos.
Los planteos por desembolsos para afrontar los aguinaldos van acumulándose. Los caciques distritales presionan para que el Gobierno promueva en la Legislatura la prórroga de la Emergencia Económica, que se vence a fin de mes.
El Gobierno demora una respuesta, a la espera de la recaudación de mayo. Tomará una decisión una vez que tenga los números, pero lo más probable es que proponga la extensión del estado de emergencia.
Más allá de eso, se verifica el carácter hemipléjico de la autonomía municipal: los intendentes la esgrimen para usufructuar los fondos que les llegan desde el Tesoro provincial, pero abjuran de ella al momento de mejorar sus dispositivos de recaudación o mejorar su estructura de gastos.
La crisis coloca a este diseño en su límite con un desplome que no depende de la buena voluntad que tenga la Casa Rosada para destrabar recursos de los que se apodera en forma ilegítima.
Son los giros automáticos de la coparticipación los que retroceden por la caída de la actividad económica y el consumo.