El flamante director de la Caja de Créditos y Prestaciones, Hugo Aibar, se abstuvo de cualquier referencia al polémico contrato para la instalación de máquinas de videolotería en las agencias de quiniela catamarqueñas, celebrado entre su antecesora, Natalia Díaz, y el Instituto de Loterías y Casinos de Misiones. A través de este convenio, la ex-CAPRESCA cedió a la institución misionera todas las potestades para concesionar la explotación de los aparatos en la Provincia a cambio de un 32% de las ganancias.
Es comprensible que Aibar prefiera no hablar del asunto. Díaz aceptó someter eventuales litigios a la jurisdicción de la Justicia de Misiones, de modo que resultaría arduo revertir los leoninos beneficios otorgados a Loterías y Casinos de esa provincia.
Apostar a que el desplazamiento de Díaz y la reducción del directorio de la ex-CAPRESCA a solo un miembro alcance para sepultar la controversia en el olvido sin afectar la vigencia el contrato parece, por otro lado, razonable.
Que la oposición no haya vuelto a tocar el tema ya es un alivio para el Gobierno, pero lo más importante es el silencio de una institución de la que cabía esperar reacciones más enérgicas: la Iglesia católica catamarqueña no ha dicho una sola palabra sobre el estímulo a la ludopatía que supone la habilitación de las videoloterías, sobre todo entre adolescentes y jóvenes.
Es un mutismo llamativo. La Pastoral Social advirtió en reiteradas oportunidades sobre los riesgos que implica la extensión del pernicioso vicio del juego hacia las generaciones más jóvenes a través de las plataformas online, el tema se discute en todo el mundo y la Cámara de Diputados de la Nación sancionó el 27 de noviembre un proyecto de ley para regular la actividad que está trabado en el Senado, con destino incierto.
Esta prescindencia podría confundirse con consentimiento, pero puede haber obedecido a distracciones del obispo Luis Urbanc, que tal vez cesen ahora que la designación de León XIV, Papa ubicado en la misma línea de compromiso con los problemas terrenales que Francisco, reactiva conciencias.
La Conferencia Episcopal Argentina no esperó tanto.
En febrero de este año envió una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel para expresar su apoyo al proyecto de prevención de ludopatía y regulación de juegos de azar y apuesta en línea y pidió «su pronto tratamiento para su sanción como ley».
«Ratificamos nuestra preocupación y la de tantos docentes, familias y dirigentes políticos de diferentes espacios partidarios que desde diversos puntos de nuestro país nos hacen llegar por el tremendo daño que está causando el incremento alevoso de las apuestas online, y de conductas compulsivas y de ludopatía principalmente en adolescentes y jóvenes», manifestó la Conferencia Episcopal.
La Iglesia de Catamarca no ha dicho una palabra sobre el estímulo a la ludopatía que implica la instalación de las videoloterías. La Iglesia de Catamarca no ha dicho una palabra sobre el estímulo a la ludopatía que implica la instalación de las videoloterías.
El pronunciamiento torna todavía más curioso el silencio de Urbanc sobre el convenio de las videoloterías, ya que la Conferencia Episcopal está compuesta por los obispos. ¿Habrá faltado a la reunión donde se decidió enviar la nota? Capaz que no le avisaron.
Sus colegas le advirtieron a Villarruel que la publicidad de los sitios de apuestas genera “adictos a una enfermedad que pone en juego la vida”.
El concepto se ajusta a la perfección a la cláusula 14 del convenio por la videolotería ignorado por el miembro de la Conferencia Episcopal Urbanc, que “obliga” a Loterías y Casino de Misiones a “establecer un plan de mercadeo que se oriente a la ampliación de la base de clientes y la captación de usuarios nuevos” y “desarrollar un sistema telemático que permita la nominación de los usuarios en las sesiones de juegos, con el fin de optimizar las publicidades y promociones dirigidas a los mismos”.