jueves, 8 de mayo de 2025 22:45
El Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical informa que esta trabajando e invitará a los demás bloques opositores a presentar una acción judicial, solicitando la declaración de inconstitucionalidad y nulidad absoluta del Decreto Acuerdo N.º 719/2025, dictado por el Poder Ejecutivo el pasado 30 de abril.
Dicho decreto modifica de forma unilateral e inconstitucional la Ley N.º 5337, que regula la Defensoría del Pueblo, alterando su diseño institucional, el mecanismo de designación, la duración del mandato, las competencias y la estructura funcional del organismo.
El decreto fue remitido a la Legislatura en virtud de lo dispuesto en el artículo 184 de la Constitución Provincial. Sin embargo, al día de la fecha —8 de mayo de 2025— el mencionado decreto, así como otros dictados en igual contexto (como los referidos al Tribunal de Cuentas, la disolución del ENRE y la modificación de la ex CAPRESCA), no han sido publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, por lo que no ha adquirido vigencia, en violación al principio esencial de publicidad de los actos de gobierno. Esta omisión impide que los ciudadanos conozcan las normas que los rigen y constituye un vicio formal grave.
Asimismo, la reforma dispuesta mediante decreto es un uso abusivo del artículo 184 de la Constitución Provincial. Durante el receso legislativo, el Poder Ejecutivo avanzó con decisiones de altísimo impacto institucional y social, sin debate, sin control democrático y sin participación ciudadana. Con el mismo despojo institucional incrementa los descuentos en la OSEP a los trabajadores con salarios más bajos, violando las normativas laborales y los derechos constitucionales de la propiedad privada, realizados de manera confiscatoria .
En lo relativo al Defensor del Pueblo, el contenido del decreto implica una intromisión directa en competencias propias del Poder Legislativo, vulnerando el principio republicano de división de poderes.
La UCR considera que esta maniobra representa un grave retroceso institucional, ya que coloca a un organismo de control que debe ser independiente bajo control directo del Ejecutivo, afectando su autonomía y debilitando las garantías democráticas de nuestra provincia.
Exhortamos al Gobierno provincial a respetar la Constitución y los principios republicanos, y a someter cualquier reforma institucional va al ámbito natural del debate legislativo.