Eduardo López Márquez será el primer sacerdote en responder ante un juicio popular por los presuntos delitos de abuso sexual. Sobre él pesan dos acusaciones. La primera causa llegará a juicio popular en julio de este año; la segunda denuncia, aún está en trámite. En el transcurso de la semana, el cura realizó una presentación en Fiscalía General por un supuesto pedido de acuerdo económico por parte del segundo denunciante. Ante esta situación, el primer denunciante de López Márquez, con la representación de su abogado querellante, Sebastián Ibáñez, realizó una denuncia penal por presunto entorpecimiento relacionado con el juicio popular próximo a llevarse a cabo. La querella advirtió que el segundo denunciante es uno de los testigos.
En la denuncia –que se radicó en la Unidad Judicial 8, a la que El Ancasti pudo tener acceso, el abogado defensor de López Márquez, Marcos Gandini, había citado telefónicamente al segundo denunciante, para que se reuniera con el sacerdote, a efectos de llegar a un acuerdo económico. El encuentro se concretó el pasado 24 de abril.
Según la denuncia, López Márquez y su denunciante conversaron. En ese contexto, el sacerdote ofreció dinero al denunciante “para condicionar el accionar judicial de éste en beneficio de mi denunciado”. Por ello, para la querella, con esta citación y este ofrecimiento por parte del acusado hubo “un claro entorpecimiento doloso al normal desarrollo del procedimiento reglado por la Ley Provincial Nº 5719 de Juicio por Jurados”, remarcó.
Ante esta situación, el querellante advirtió que la norma procesal referida establece expresamente que «cuando el imputado se encuentre en libertad, el Tribunal, para asegurar la realización del juicio, podrá modificar las cauciones impuestas u ordenar su detención».
Además, la querella destacó que esta situación surgió de una videograbación presentada por el propio denunciado en sede judicial el pasado 30 de abril. A la vez, se advirtió que esta filmación ya es de dominio público por su difusión en medios de comunicación y redes sociales, como así también las declaraciones efectuadas por López Márquez a la prensa.
En tanto que el segundo denunciante dio su versión sobre el pedido de los $120 millones para retirar la denuncia. Según explicó, ese día se reunió con el sacerdote, “él (por López Márquez) me ofrece dinero para terminar con esto”. “Fui para ahí por el pedido de ellos. En ningún momento hubo ningún tipo de extorsión, de amenazas, ni nada de eso”, aseguró.
En tanto que el abogado querellante, previo a la denuncia, había advertido que habiéndose fijado la fecha de juicio, López Márquez no puede contactarse ni tener contacto ni con la víctima ni con ninguno de los testigos que va a declarar en ese juicio, uno de los cuales es el segundo denunciante. “Al reunirse en su casa con él, está violando esa prohibición legal y está entorpeciendo la realización del juicio, por eso corresponde su detención o, en su defecto, rigurosas medidas de restricción”, aseguró Ibáñez.
El caso
El sacerdote Eduardo López Márquez es el cuarto sacerdote denunciado por delitos contra la integridad sexual; será el tercer sacerdote en ocupar el banquillo de los acusados y el primer cura en ser sometido a un juicio por jurados. Los ultrajes que se le reprochan al sacerdote López Márquez habrían ocurrido entre 2002 y 2003. La víctima por entonces tenía entre 12 y 13 años. Sin embargo, a finales de 2021 pudo realizar la denuncia. Tras varios planteos y recursos, en marzo de 2023, la fiscal de la Sexta Circunscripción Judicial, Virginia Duarte Acosta, imputó al cura. Durante la indagatoria, el sacerdote acusado por delitos contra la integridad sexual se mantuvo en silencio.
En junio de ese mismo año, la jueza Pérez confirmó la elevación a juicio. En los fundamentos de su resolución, la magistrada destacó “la relación de autoridad y poder que ejercía López Márquez, a raíz de la amistad y relación familiar que había con el denunciante”. “La vergüenza que sienten por el acto es un sentimiento de incongruencia entre lo que se está haciendo y lo que sería correcto hacer”, detalló la magistrada.
La defensa de López Márquez insistió en la prescripción por lo que presentó un recurso ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos. También solicitó el sobreseimiento total y definitivo. “(…) Si nosotros contamos desde la fecha del hecho a la denuncia transcurrieron 19 años; desde el hecho hasta la mayoría de edad ocurrieron 6 años, y desde la mayoría de edad a la denuncia transcurrieron 13 años (…)”, se planteó. No obstante, no se hizo lugar. Aunque la defensa insistió en la Corte de Justicia, el planteo no prosperó.
Finalmente, el expediente ingresó a la OGA el 20 de diciembre último. En febrero, el camarista Silvio Martoccia fue designado por sorteo como juez director. El juicio popular tiene fecha para el 15 de julio próximo.