La Casa Rosada se quedó el año pasado con casi el 93% de los Aportes del Tesoro Nacional a las provincias. Solo distribuyó 49.800 millones de pesos de los 679.898 millones reunidos en el período. Es otra de las expropiaciones de recursos federales ejecutadas unilateralmente por la Nación para sostener el superávit y las alquimias financieras del ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, que adquieren ribetes más dramáticos con el desplome de la recaudación y la coparticipación, con un elemento que lubrica la discrecionalidad: no hay Presupuesto nacional que acote los criterios del Poder Ejecutivo.
El fondo de ATN se compone con el 1% de los fondos coparticipables y tiene como destino específico atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de las provincias. El nivel de distribución de 2024 -7,3%- es el más bajo desde 2017, fecha desde la que se puede realizar comparación porque antes se catalogaban como “asistencia financiera” y no aparecían detallados aparte en el Presupuesto.
La distribución de los remanentes es un reclamo histórico de los gobernadores porque siempre, salvo en 2020 por la pandemia del Covid-19, queda dinero sin entregar.
La discusión se reactualiza por las fuertes restricciones en los ingresos a las provincias devenidas de la política económica de motosierra aplicada por Javier Milei, que incluye la paralización de las inversiones en un sector crucial para la actividad como es el de la obra pública.
Pero falta consistencia política para sostener la presión.
En septiembre del año pasado, antes de que Milei presentara el Presupuesto 2025 “Déficit Cero” en el Congreso, que luego nunca se trató, los gobernadores se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones y advirtieron que buscarían “los instrumentos adecuados para poder afrontar sus responsabilidades, tal como establece la Constitución Nacional, con los recursos correspondientes”, luego de señalar que “de cara a la discusión del Presupuesto 2025, las provincias argentinas propugnan por una distribución más equitativa entre la Nación y las Provincias de los recursos coparticipables”.
Los mandatarios recordaron que el Gobierno nacional no había cumplido con “los compromisos respecto a la financiación y/o ejecución de la obra pública en los territorios provinciales”, ni con “las transferencias corrientes y de las deudas correspondientes a los recursos de las Cajas no transferidas; y la distribución del Fondo Compensador del Transporte que se financia en forma específica a través del Impuesto a los Combustibles y que, sin embargo, se ha interrumpido”.
Todo quedó en partidas, Milei y su “troupe” dejaron a las provincias libradas a su suerte y mantienen un blindaje sobre los recursos arrebatados que resiste los intentos de perforación.
En ese marco, el senador catamarqueño Guillermo Andrada y su par riojano Fernando Rejal, miembros del flamante bloque “Convicción Federal”, presentaron un proyecto de ley que propone, ante la ausencia de Presupuesto, que el crédito inicial para el Fondo de ATN en 2025 se fije en $400.000 millones y que los excedentes de ese monto que se recauden se repartan a las provincias de acuerdo a los porcentajes establecidos en la ley de coparticipación federal.
“Es oportuno remarcar que durante los primeros meses del año, el total de recursos recibidos por las provincias en conceptos de coparticipación y compensación por el Consenso Fiscal presentó caídas mensuales muy significativas del 6,83% entre enero y febrero y del 9,71% entre febrero y marzo», advirtieron los legisladores.
La iniciativa se suma a otra presentada el mes pasado para modificar la forma en la que se distribuyen los recursos generados por el impuesto a los Combustibles, del que también se apropió la Casa Rosada.