La Fiscalía Penal de Tinogasta dispuso iniciar una investigación penal preparatoria y ordenó a los trabajadores becados cesar las acciones que impidan el normal funcionamiento de los establecimientos educativos. Los manifestantes permitieron el ingreso de alumnos y docentes, pero mantienen la medida de fuerza sin realizar tareas de limpieza ni alimentación.
La Fiscalía Penal de Tinogasta intervino en el conflicto que mantienen trabajadores becados de servicios generales en establecimientos educativos del departamento y dispuso iniciar una investigación penal preparatoria. La intervención se produjo luego de las medidas de protesta y ocupación de escuelas que llevan adelante para reclamar el pase a planta permanente.
La medida fue adoptada el lunes 16 de noviembre por el fiscal Jorge Barros, quien intimó a los manifestantes a cesar las acciones que afecten la libre circulación o impidan el normal funcionamiento de las escuelas.
En el documento se advierte que el incumplimiento de una orden legítima podría dar lugar a la evaluación de responsabilidades penales, en los términos del artículo 239 del Código Penal. Además, se estableció que, si persistiera una ocupación que impidiera el funcionamiento de los establecimientos, la Policía deberá documentar los hechos para solicitar al Juzgado de Control de Garantías una eventual medida de desalojo.
Luego de recibir la intimación, los trabajadores permitieron el ingreso de alumnos, docentes y directivos. Sin embargo, mantuvieron la medida de fuerza y continuaron sin prestar los servicios de limpieza y alimentación escolar.
El reclamo se desarrolla en establecimientos de distintas localidades y sectores de Tinogasta, entre ellos San José, Villa San Roque, Banda de Lucero, Costa de Reyes y el barrio Los Robledos. Los trabajadores reclaman una solución a su situación laboral y cuestionan la falta de respuestas de las autoridades.
La protesta tiene consecuencias en el funcionamiento cotidiano de las escuelas, especialmente en las tareas de higiene y preparación de alimentos. En algunas instituciones, el personal de servicios generales está integrado en su totalidad por trabajadores becados, por lo que la interrupción de esas actividades afecta la organización escolar.
Ante la falta de personal, docentes intentan cubrir algunas de esas tareas.
El conflicto se profundizó durante los últimos días, con movilizaciones y tomas de establecimientos. Los trabajadores también cuestionaron la contratación de empresas privadas para realizar tareas de limpieza en escuelas y advirtieron que podrían profundizar las medidas si no obtienen respuestas. En ese contexto, llegaron a evaluar cortes de ruta.
